“Ecatepec será el referente nacional en justicia cívica con enfoque en derechos humanos; no son concesiones, son responsabilidades con la ciudadanía”, afirmó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, tras la aprobación mayoritaria del Cabildo a la nueva Defensora Municipal de Derechos Humanos, así como a juezas, jueces, secretarios y facilitadores cívicos.
Durante la octava sesión ordinaria, Cisneros Coss enfatizó que la transformación de los Centros de Justicia Cívica será un eje fundamental para erradicar la corrupción y dignificar el trato hacia los ciudadanos. “Ahí es donde debe reflejarse el cambio radical de esta administración”, puntualizó.
En sesión solemne, tomó protesta la ciudadana Abril Alejandra Jiménez Garrido, como nueva Defensora de Derechos Humanos municipal, elegida por mayoría tras presentar su plan de trabajo ante el cuerpo edilicio. Asimismo, 18 nuevos perfiles fueron seleccionados como jueces, secretarios y facilitadores cívicos tras cumplir con los requisitos y aprobar los exámenes correspondientes; 10 plazas continúan vacantes y se abrirá una nueva convocatoria pública.
La alcaldesa resaltó la colaboración con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Myrna García Morón, quien también participó en la sesión y reconoció que Ecatepec se encuentra entre los municipios con más rezago en materia de justicia cívica, según un diagnóstico realizado entre 2023 y 2024.
“Vamos a transformar no solo los espacios, sino las dinámicas laborales y la relación con la ciudadanía. Este será el piso firme de la nueva administración”, declaró Cisneros Coss, quien como legisladora impulsó la Ley de Justicia Cívica del Estado de México.
Por su parte, García Morón señaló que el trabajo iniciado en Ecatepec será un referente para establecer un modelo estatal que garantice estancias dignas, procedimientos apegados al debido proceso y un trato respetuoso hacia la ciudadanía.
Este nuevo enfoque, subrayó la alcaldesa, es parte de una estrategia integral que pone al ciudadano al centro del servicio público, haciendo de la justicia cívica y los derechos humanos una prioridad en la administración municipal.