El Congreso del Estado de México aprobó ampliar los supuestos para otorgar amnistía a personas privadas de la libertad, incluyendo casos donde no se haya garantizado perspectiva de género, derechos humanos o debido proceso.
El Congreso del Estado de México avaló reformas a la Ley de Amnistía que amplían los criterios para conceder este beneficio, particularmente a mujeres y personas que no fueron juzgadas con perspectiva de género o bajo estándares de derechos humanos.
Las modificaciones también contemplan a personas que hayan cometido delitos en condiciones de vulnerabilidad, desventaja o asimetría, así como a quienes enfrenten posibles violaciones al debido proceso, incluso con respaldo de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos.
Como parte de la reforma, se creará una Comisión Legislativa de Seguimiento a los Casos de Amnistía, con carácter permanente y conformación plural, que tendrá facultades para analizar expedientes, promover solicitudes y emitir recomendaciones en torno a la liberación de personas privadas de la libertad.
El dictamen, impulsado por legisladores de Morena y el PT, así como por el Ejecutivo estatal encabezado por Delfina Gómez Álvarez, también refuerza el papel del Instituto de la Defensoría Pública y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que brindarán asesoría y acompañamiento jurídico a los solicitantes.
Entre los puntos más relevantes, se incluye la posibilidad de otorgar amnistía a personas mayores de 65 años con enfermedades graves, así como a quienes hayan participado —con consentimiento— en la interrupción del embarazo, ampliando el alcance de la legislación vigente.
No obstante, la reforma generó posturas encontradas. Mientras algunos legisladores y colectivos la consideran un avance para corregir injusticias estructurales en el sistema penal, voces de oposición advirtieron que podría generar incertidumbre jurídica si no se fortalecen las instituciones encargadas de impartir justicia.
Las reformas establecen que la aplicación de la amnistía deberá garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y el principio de legalidad, y no aplicará para personas reincidentes.
El decreto entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta del Gobierno, y su implementación estará sujeta a la disponibilidad presupuestal de las instituciones involucradas.