Multas alcanzan hasta 35 mil pesos
TOLUCA, Edomex.— Endurecen sanciones contra el maltrato animal en el Estado de México con la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, que contempla multas de hasta 35 mil pesos y arrestos de hasta 36 horas para quienes incurran en actos de crueldad contra seres sintientes.
La legislación, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y aprobada por unanimidad en la LXII Legislatura local, establece un marco más estricto para sancionar conductas que atenten contra el bienestar animal, además de reconocer a los animales como seres sintientes y, en el caso de los domésticos, como parte del núcleo familiar.
De acuerdo con el nuevo ordenamiento, las sanciones económicas por maltrato animal van de 150 a 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos que oscilan entre los 17 mil 596 y los 35 mil 193 pesos. Asimismo, se prevén arrestos inconmutables de hasta 36 horas para quienes mantengan a animales en condiciones inadecuadas que afecten su salud, integridad o comportamiento.
La norma también tipifica como infracción cualquier acción u omisión, ya sea intencional o imprudencial, que provoque daño a los animales, incluyendo causarles la muerte con métodos que generen sufrimiento innecesario o realizar sacrificios fuera de los lineamientos establecidos por las normas oficiales.
Entre las conductas prohibidas destacan el uso de animales en manifestaciones o actos políticos que impliquen maltrato, su utilización como herramienta de entrenamiento para animales de ataque, así como su entrega gratuita o venta con fines propagandísticos o como premios.
El nuevo marco legal incorpora el concepto de “familia multiespecie”, que reconoce a los animales de compañía como integrantes del entorno familiar, además de promover la inclusión del bienestar animal en el ámbito educativo.
Si bien la ley coloca al Estado de México como una de las entidades con regulación más avanzada en la materia, su efectividad dependerá de la aplicación de las sanciones, la capacidad de vigilancia de las autoridades y la denuncia ciudadana ante posibles casos de abuso.