“La corrupción no se combate con discursos, se combate con decisiones”, afirmó con énfasis el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, al encabezar la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción, donde reiteró que erradicar este mal no debe ser un acto aislado, sino un imperativo ético y moral que guíe la labor de todo servidor público.
El alcalde destacó que durante décadas Naucalpan fue rehén de un pacto de impunidad que deterioró instituciones, frenó el desarrollo y redujo la inversión en áreas esenciales como la obra pública. En contraste, subrayó que su administración destinó más de mil millones de pesos para ejecutar 150 obras en su primer año, como parte de un plan de infraestructura que busca revertir rezagos históricos.
Montoya Márquez aseguró que la lucha contra la corrupción exige voluntad política y acciones concretas.
“Tenemos un deber ético y moral de enfrentar este mal que tanto daño le ha hecho a Naucalpan… La corrupción se combate con metodologías, con decisiones, reconociendo los problemas y enfrentándolos”, señaló ante funcionarias y funcionarios municipales.
El edil enfatizó que su gobierno rompió con pactos de impunidad del pasado y que la honestidad es hoy uno de los pilares de transformación del municipio. “Cuando el gobierno actúa sin corrupción y con el propósito de servir, los recursos alcanzan y se destinan a donde verdaderamente la gente los quiere ver reflejados”, afirmó.
Asimismo, indicó que la administración ha optado por un modelo de ética pública cotidiana, no como un ideal abstracto, sino como una práctica diaria que garantice que cada peso del presupuesto se utilice donde debe estar.
“En nuestra Ciudad Naucalpan vamos a seguir trabajando juntas y juntos para que esta esperanza no solo sea esperanza, sino transformación”, puntualizó.
Durante el evento, la doctora Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria impartió la conferencia Municipios íntegros, estrategias reales para prevenir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana, donde abordó la teoría de Presupuestos Procesales de Derecho Penal del Enemigo, sus alcances y los criterios jurídicos que permiten al Estado tratar a ciertos actores —como terroristas o integrantes del crimen organizado— bajo reglas diferenciadas.
