En México tenemos las mejores leyes de transparencia de América Latina, pero no pasa nada. Tenemos avances pro transparencia y pro información, pero solucionar el problema de la corrupción no es un asunto sólo institucional, sino de un cambio histórico-político, de transición verdadera a la democracia.
El caso de la empresa Odebrecht es una pieza más en el rompecabezas de la corrupción, en donde “no se mueve nada”, sostuvo Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).
La coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del IIS consideró que necesitamos cambiar en términos estructurales, a una institucionalización de la transparencia, de la probidad, a una nueva forma de operar, a un nuevo régimen, que tiene que ver con documentar y señalar nombres.
En la conferencia de medios “Corrupción e impunidad. El caso de la empresa Odebrecht”, recordó que el Departamento de Justica de EU reveló que mandatarios y altos funcionarios de 12 países, entre ellos Alan García, Lula da Silva, Alejandro Toledo y Felipe Calderón Hinojosa, recibieron 778 millones dólares en sobornos por parte de esa empresa brasileña a cambio de contratos millonarios en el ramo energético, entre 2000 y 2016.
La dinámica de estos esquemas de corrupción, dijo, no son nuevos. Los ingredientes son los de siempre: sobornos millonarios, sobreprecios, evasión del fisco, paraísos fiscales, robo al erario público, defraudación del Estado, contaminación de sistemas democráticos y corrupción de partidos políticos.
Odebrecht es emblemático porque pocas veces se tiene la oportunidad de ver con tanta claridad los entretelones del sistema de corrupción estructural que tiene postrado a México, América Latina y, en general, a las supuestas democracias del mundo entero, opinó.
El director general de esa empresa, que está encarcelado, confeso por corrupción, aceptó haber sobornado a funcionarios mexicanos por 11 millones de dólares durante los gobiernos de Vicente Fox (al final del sexenio), Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Una vez que estalló el escándalo de proporciones gigantescas, relató la universitaria, la Secretaría de la Función Pública (SFP) tuvo que reconocer en enero de 2016 la existencia de contratos favorecedores de empresas vinculadas a la corrupción, destacadamente Odebrecht.
Durante el gobierno de Calderón, abundó, Pemex hizo un convenio con una filial de la compañía brasileña, llamada Braskem, donde se suministraron 60 mil barriles diarios de gas etano a precios preferenciales.
A pesar de la opacidad, en el curso de las investigaciones se ha dado a conocer que Odebrecht obtuvo un contrato de siete mil millones de pesos, y otro con la Comisión Federal de Electricidad por 639 millones de pesos; también surgió la denuncia de un alto funcionario, Roberto Prisco, de la gestión de una reunión entre Calderón y Lula da Silva, que se llevó a cabo el 23 de febrero de 2010, en Quintana Roo, donde después del encuentro privado se anunció una inversión de dos mil 500 millones de dólares entre el grupo mexicano IDESA y Braskem para la construcción de un complejo petroquímico en Veracruz.
Calderón dio dos regalos adicionales: un préstamo desde Nafin de 280 millones de dólares para esa construcción, y otro de Bancomext por otros 120 millones de dólares.
Eso demuestra que estamos mal gobernados y que Odebrecht no es un caso aislado, sino vinculado con otras corruptelas internacionales, como el escándalo del Swiss Leaks, de mexicanos con cuentas para blanquear capitales, entre ellos, Carlos Hank, Luis Téllez y Alfredo Elías Ayub.
En su oportunidad, Fabio Barbosa Cano, del Instituto de Investigaciones Económicas, aclaró que cuando los brasileños trataron el contrato, se negociaba el 40 por ciento de la producción mexicana de etano, componente escaso y muy valioso. “De tal manera que ésta es una de las privatizaciones más importantes que se han hecho en este país”.
Las negociaciones fueron secretas. Debido a la ausencia de organismos de transparencia, no se conocieron los términos y condiciones que estuvieron sobre la mesa, dijo el experto.
Así, el complejo Etileno XXI, ubicado en Coatzacoalcos, al que están asociados Braskem, empresa con participación de las brasileñas Petrobras y Odebrecht, y la mexicana IDESA, comenzó a operar en junio de 2016.
Las negociaciones comenzaron hace dos sexenios, desde el gobierno de Fox, y continuaron con Calderón, reiteró. Al comenzar, el proyecto era más amplio. Llevaba el nombre de Fénix y comprendía inversiones tanto en Coatzacoalcos como en Altamira, y participaba Pemex. Las negociaciones en la primera fase fracasaron, y en 2006 se abandonó y se reemplazó por Etileno XXI.
Así ocurrió debido a la negativa de otorgar precios preferenciales en materias primas, etano, a los socios del complejo. En el nuevo proyecto, los precios de venta que el gobierno mexicano otorga a Odebrecht y a IDESA son secretos, y permanecerán así 25 años más. Ahora, Pemex quedó reducido a la condición de simple proveedor de materia prima.
“A cambio de sobornos, los funcionarios están hipotecando o probablemente renunciando a ingresos públicos que nos les pertenecen, y complicaron la situación de la industria petrolera mexicana, en declinación en todas las ramas”, finalizó Barbosa.
