El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la rendición de cuentas y el combate a la corrupción deben ser adoptados como procesos normales en el ejercicio público, ya que es innegable que fortalecen a la democracia.
Ricardo Monreal afirmó que el desafío en esta materia es la articulación de todas las instancias involucradas en el combate a la corrupción, para que esta “maquinaria” funcione de manera sincronizada y erradique “la oscuridad” en el servicio público, y en el ejercicio de dinero público y privado.
“Ya es tiempo de que el reloj de la anticorrupción y la transparencia le marquen la hora cero a todos los servidores públicos y empresas privadas”, expresó el legislador en el foro que organizó el Senado en el marco de la conmemoración del “Día Internacional Contra la Corrupción”.
Explicó que el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Fiscalización representan un avance en la construcción de la estrategia, para combatir un fenómeno que ha dañado profundamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Sin embargo, acotó el senador, falta articular a todas las instancias involucradas, “lo que implica desmontar la favela administrativa edificada durante décadas”, pues los distintos lenguajes de los organismos encargados de la fiscalización y el control “han servido para beneficiar a los funcionarios corruptos”.
Dijo que es preciso garantizar que el derecho al acceso de la información se convierta en una rutina democrática, tan sencilla como que la gente pregunte y los gobiernos respondan. “El objetivo -manifestó Monreal Ávila-, es sobrio en su descripción, pero enorme en su trascendencia para nuestro país”.
Si antes la legitimidad gubernamental la daba el voto, ahora se requiere, además de ganar en las urnas, fortalecer mecanismos de gobierno abierto, a fin de que la ciudadanía pueda revisar el quehacer público para mantener su confianza.
Ricardo Monreal destacó que el Senado aprobó diversas propuestas para reforzar el combate a la corrupción, como la reforma constitucional sobre extinción de dominio y los cambios para poner a disposición de toda la ciudadanía la totalidad de sentencias emitidas por el Poder Judicial.
Aunque estos esfuerzos representan un avance en la construcción de un andamiaje legal eficaz para combatir la corrupción y una postura más activa del Legislativo, aún hay pendientes en la agenda que se deben solventar, como construir mejores mecanismos de rendición de cuentas, reconoció.
Al hacer uso de la palabra, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, aseguró que, ante la corrupción y la impunidad, es fundamental asumir un compromiso moral y ético, que permita contribuir a la construcción de una democracia deliberativa, mediante el debate informado y una actitud crítica, propositiva y responsable.
Se debe, asentó, crear conciencia y promover mensajes que resalten la importancia de prevenir y luchar contra esta transgresión al desarrollo nacional, que “nos hace perder la tranquilidad y el bienestar”.
La senadora refirió que, para contrarrestar este mal, se han expedido, elaborado y formulado muchas leyes, reformas y remedios, pero es necesario “ser molestamente incorruptible, porque la honestidad va dejando en evidencia la perversión de lo que se corrompe, despide ese olor contrario al desagradable olor de la corrupción”.
Contra la normalidad de lo corrupto, insistió la legisladora, se tiene que imponer una nueva normalidad de lo honesto.
Sánchez Cordero consideró que, como cualquier enfermedad, la corrupción se arraiga, enraíza, disemina, daña de manera diferente a los organismos que toca, los deja inermes y, si encuentra un campo fértil, se expande y, para combatirla, debe ser denunciada, hecha pública, porque sin esa puesta a la luz, vive soterrada, tolerada en la cotidianeidad y solapada en el ánimo popular.
En este sentido, destacó que la ruta emprendida en los últimos años por las instituciones del Estado mexicano, indudablemente buscan una transformación cultural, así como un cambio que redefina e impulse el ánimo del combate a la impunidad.
“En esa ruta se centra en los valores sociales, sobre todo a través de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honestidad”.
La autonomía e independencia de todas las instituciones que aquí confluyen, sobre todo, las que aplican en derecho penal y el derecho administrativo sancionador, indicó, son elementos fundamentales para la aplicación de esos principios constitucionales.
En tanto, el presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Juan Zepeda, expresó que la democracia es la pluralidad de voces y debe haber disensos y debate, por lo que “celebro la valiente decisión que tomó el INAI para controvertir el acuerdo emitido por el Ejecutivo federal”.
Cuando hay ese tipo de controversias, lo mejor es someternos al máximo órgano de control constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “y no nos debe dar miedo, ni temor”.
Por su parte, el senador Ernesto Pérez Astorga, de Morena, hizo un llamado para no regularizar este flagelo como una herencia cultural. “No debemos tolerar sus abusos ni soportar sus excesos; por ello debemos trabajar unidos, continuar con las relaciones de coordinación y colaboración, para poder aniquilar esta indignante práctica”.
El representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, las Drogas y el Delito en México, Kristian Hölge, se pronunció por formar una alianza anticorrupción desde los ámbitos público, privado y social, “porque no basta con prevenir y perseguir estos hechos, sino que es necesaria la reparación del daño”.
Por su parte, el magistrado de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Julio Ángel Sabines Chesterking, afirmó que el combate a la corrupción es parte vital del derecho humano a un buen gobierno, por lo que “hoy como nunca antes, el poder político debe rendir cuentas ante los ciudadanos”.
María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, propuso que México cuente con una ley general que sea una herramienta eficaz para una de las principales políticas del Estado mexicano: la erradicación de este problema.
El INAI, dijo, se ratifica como un organismo cercano a la gente, para hacer frente a la corrupción, porque estamos ante un problema sistémico que requiere de la cooperación de las instituciones de todos los órdenes de gobierno, así como de la participación vigilante y el escrutinio público de las y los ciudadanos.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Francisco Ciscomani Freaner, agregó que es fundamental defender la transparencia, porque es la base para acceder a la información y documentación de la actuación de las autoridades.
Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, enfatizó que para que las relaciones entre las instituciones públicas y la ciudadanía se desarrollen bajo un ambiente de confianza, es preciso que los sujetos obligados, reafirmen su compromiso con el derecho humano de acceso a la información, porque “lo público cada día debe de ser más público”.
David Rogelio Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación, afirmó que es necesaria la intervención de las autoridades y de la ciudadanía, para establecer políticas que tengan una visión balanceada entre la prevención y el fortalecimiento de las sanciones para quienes cometan estos ilícitos.
El titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, indicó que el organismo a su cargo mantiene una estrategia que se enfoca en la buena marcha del gobierno. Además, dijo que impulsan el control interno de las instituciones del Estado para prevenir y evitar la corrupción.
