- “Crear una política integral de protección de los jueces y sus familias es una tarea urgente y obligada de todos los países en América Latina”: Jorge Meza.
El crimen organizado ha representado una amenaza constante a la seguridad y a la independencia de jueces y juezas en la región, porque la independencia judicial es una condición indispensable de todo Estado de derecho y por lo tanto de cualquier régimen democrático, coincidieron Ursula Indacochea, jurista peruana integrante de la Due Process of Law Foundation y Jorge Meza, jurista e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos humanos.
En la mesa dedicada a reflexionar sobre la independencia judicial como un componente indisociable del Estado de derecho continuó en el marco del ciclo Los problemas nacionales y el derecho, coordinado por José Ramón Cossío, miembro de El Colegio Nacional, ambos abogados señalaron que tanto en el pasado como en tiempos recientes en la región latinoamericana se han presentado fenómenos políticos que han puesto en riesgo dicha independencia.
“Sin una judicatura independiente, el derecho de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos no puede ser protegido en caso de ser violado. Se requiere la independencia de un poder frente a los otros poderes para asegurar un auténtico Estado de derecho”, afirmó la doctora Indacochea en el evento realizado a través de las plataformas digitales de la institución.
En tanto, el jurista Jorge Meza apuntó las tres condiciones indispensables para garantizar la independencia judicial: un adecuado proceso de selección y nombramiento de jueces; el apego al principio de inamovilidad de los jueces en el ejercicio de sus funciones; y la garantía de que puedan actuar sin presiones externas por parte de otros poderes, o bien sin exponerse a las amenazas contra su seguridad personal a manos de grupos del crimen organizado.
Durante la discusión, se hizo énfasis en el peligro que representan las tentaciones autoritarias de los poderes políticos en la región, que a partir de descalificaciones, ataques de baja intensidad y hostilidad hacia los jueces pueden llegar a minar su credibilidad, independencia, y pavimentar así el camino para eventuales reformas constitucionales que atenten contra la independencia judicial.
La representante de Due Process of Law Foundation señaló que, desde el discurso político y la tribuna privilegiada del poder, puede alimentarse la desconfianza hacia los jueces, para luego promover reformas judiciales que, bajo la aparente intención de combatir la corrupción del sistema judicial, lo que logran a la larga es la concentración desequilibrada del poder, y justificar la intervención directa que atenta contra la independencia judicial. Para ello, puso como ejemplo lo ocurrido en años recientes durante los gobiernos de Fernando Correa y de Evo Morales, en Ecuador y Bolivia, respectivamente.
Jorge Meza explicó que en aquellos casos donde el principio de la independencia judicial ha sido amenazado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede proceder a la emisión de medidas cautelares para proteger la integridad y aun la seguridad de jueces y juezas. Mencionó, como un ejemplo emblemático, el caso de la jueza venezolana María Lourdes Afiouni, quien en 2009 fue condenada a 5 años de prisión por haber otorgado la libertad a un opositor político en cuya detención se había faltado al debido proceso, lo que le acarreó la persecución y finalmente la privación de su libertad durante la presidencia de Hugo Chávez.
“Ningún juez debe ser objeto de retaliaciones por las decisiones que tome en el ejercicio libre y legal de sus funciones” afirmó Jorge Meza, y puso como un ejemplo extremo lo ocurrido recientemente en El Salvador, donde desde el Fiscal General, hasta los magistrados de la corte, fueron cesados de sus funciones en un golpe perpetrado por el poder político.
Agregó que una característica del vocabulario autoritario es el constante uso de la palabra “pueblo” para referirse a los ciudadanos como sujetos de Derecho, lo que conduce, poco a poco, a la descalificación de las judicaturas y la eventual cancelación de la independencia judicial “en nombre de los interés superiores del pueblo”, como ha ocurrido en otros países, para lo cual ejemplificó también con los casos de Cuba y de Guatemala.
En la conversación, se mencionó que las acciones de hostigamiento, espionaje o campañas mediáticas contra los jueces representan otras amenazas a la independencia judicial, siendo las acciones del crimen organizado la mayor amenaza. Crear una política integral de protección de los jueces y sus familias es una tarea urgente y obligada de todos los países en América Latina, afirmó Meza.
La doctora Indacochea finalmente se refirió a las acciones que desde la sociedad civil se pueden realizar para fortalecer y garantizar la independencia judicial en nuestros países, y mantenerla así como un requisito indispensable del Estado de derecho. Mencionó cuatro grandes campos de acción donde es necesario actuar colectivamente para asegurar la independencia judicial en los países de la región: el fortalecimiento y profesionalización de la carrera judicial; el diseño institucional que garantice una equilibrada y más horizontal distribución del poder y una gobernanza adecuada y transparente de los órganos judiciales; fortalecer la participación de la sociedad civil en los procesos judiciales; y finalmente proteger a toda costa la libertad de expresión y el derecho de asociación de los jueces.
El colegiado José Ramón Cossío cerró el debate reiterando que el de la independencia judicial es uno de los temas cruciales y de mayor relevancia en el panorama latinoamericano del siglo XXI. “Vivimos en la región momentos difíciles para la democracia, el Estado de derecho y la independencia judicial”, concluyó.