El Frente Amplio interpela a la ministra de Salud Pública, Karina Rando y autoridades de ASSE por intervención a Casa de Galicia

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Según informó Subrayado (canal 10) el tema central del llamado a sala de las autoridades de la salud, que llevará adelante como interpelante la diputada del MPP, Cecilia Cairo, no solo incluye la intervención y el remate del sanatorio, sino situaciones vinculadas al proceso concursal, así como la situación actual de ese centro asistencial, propiedad hoy del Círculo Católico.El entonces ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró que con la intervención, se buscaba preservar la institución, su identidad, la calidad asistencial de sus socios y la protección de las fuentes laborales.Finalmente, el edificio del sanatorio se remató con una base de 12 millones 800 mil dólares y se vendió por 15 millones 300 mil dólares. La mutualista se cerró oficialmente el 31 de marzo de 2022.

La oposición busca esclarecer con esta interpelación situaciones posteriores a la ley que estableció el reparto de usuarios y de personal de Casa de Galicia a otros prestadores de salud, ley que también fue votada por el Frente Amplio.Los principales cuestionamientos son sobre lo que consideran un crédito express concedido por el Banco República al Círculo Católico para la compra del sanatorio donde funcionaba Casa de Galicia.

Desde el MPP, la diputada Lucía Echeverry dijo oportunamente que el Círculo Católico, que gerenciaba Leonardo Cipriani antes de asumir en ASSE, es el prestador que más creció en cantidad de socios y de servicios que le contrata la propia ASSE.Asimismo, senadores del FA pidieron informes sobre los factores que analiza el BROU cuando una empresa solicita financiamiento para adquirir infraestructura.Solicitaron datos sobre la fecha en la que el Círculo Católico solicitó el préstamo para pagar el edificio de Casa de Galicia, cuánto tiempo transcurrió desde que se solicitó el crédito hasta que el BROU culminó el análisis de la solicitud, y cuál es el tiempo promedio que el banco demora para analizar el crédito solicitado por una empresa para adquirir infraestructura.Fuentes parlamentarias consultadas por Subrayado señalaron que la interpelación podría derivar en la conformación de una comisión investigadora o en una denuncia penal.