Pese a que la Diputada Federal Mónica Almeida, coincide con la necesidad de eliminar el outsourcing en México para brindar una mayor protección laboral a todos los ciudadanos, también considera que se requiere de una reforma más específica, donde se proteja a aquellas empresas que cuentan con procesos en los que se imposibilita la contratación directa de personal.
“Eliminar el outsourcing en México, será un gran paso para consolidar los derechos laborales de todos y que así más mexicanos vean los frutos de su vida laboral, sin embargo, algunos se verán afectados por el desempleo ya que no todas las empresas podrán generar espacios laborales, razón por la cual debemos trabajar en reformas que respalden a las empresas para evitar la pérdida de empleos”, comentó.
Explicó que por lo pronto la iniciativa de Ejecutivo Federal, no cuenta con una estimación de lo que representará para las empresas asumir el costo de recontratación, detalle que podría frenar las intenciones de eliminar el outsourcing por completo en México.
Asimismo, recordó que el gobierno es uno de los principales beneficiados con el outsourcing, ya que tan sólo entre el IMSS y el ISSSTE se calcula que se gastan alrededor de 30 mil millones de pesos en la subcontratación de servicios y personal, razón por la cual se deben generar las estimaciones para que el presupuesto logre cubrir a todos los trabajadores y no se genere más desempleo.
“Lamentablemente el mundo no se construye sólo de buenas intenciones, por lo cual antes de discutir en el Legislativo esta propuesta, es necesario que de forma conjunta los 3 poderes del gobierno generemos las cifras de impacto primero a nivel gubernamental, para evitar generar desempleo a falta de presupuesto para contratar a quienes se encuentren en el esquema de outsourcing en dependencias del sector público y que el sector privado replique el modelo”, agregó.
Actualmente la iniciativa persigue un doble impacto, primero el poder incrementar los recursos con que cuenta el IMSS y el INFONAVIT, ya que bajo esta modalidad recibirán mayores recursos, y segundo un incremento en la recaudación proveniente de las retenciones de ISR, lo cual abonará a mejorar las finanzas de la hacienda pública.
