Por atentar contra la salud de las personas, violar disposiciones internacionales en materia de incineración de residuos sólidos y enfrentar diversas demandas por incumplimientos, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, está obligado a cancelar la construcción de la planta de termovalorización de basura en el Bordo Poniente, a cargo de la empresa francesa Veolia, exigió la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín.
La Secretaria de la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados presentó un Punto de Acuerdo, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, debido a que la gestión de basura que realizará dicha planta a partir del 2020, no garantiza su objetivo planteado y tampoco el cumplimiento y respeto de las leyes mexicanas.
“La legislación ambiental no se aplica con rigor sobre las industrias privadas, ni sobre las empresas del gobierno. Además, los empresarios no asumen su responsabilidad como contaminadores y la actuación del Estado sobre las contaminantes no se aplica con suficiente firmeza”, apuntó.
La legisladora federal de Morena cuestionó que se pagará anualmente a Veolia 2 mil 350 millones de pesos por la eliminación de 4 mil 500 toneladas de basura al día, alrededor de 70 mil 500 millones de pesos en 30 años, lo que representa una alta inversión para una medida que no tiene la prioridad en la disposición de residuos.
En ese contexto, denunció que el consorcio francés –encargado de la edificación de la planta de termovalorización de basura, a través de su filial mexicana Proactiva Medio Ambiente– enfrenta múltiples demandas en México, y que a pesar de ello la Agencia de Gestión Urbana capitalina le otorgó la licitación. Además, precisó, no hay nada que jurídicamente obligue a esa empresa a sujetarse a los estándares europeos que prometió implementar, más su buena voluntad.
De acuerdo con medios de comunicación y activistas, el Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, demandó a Veolia ante el Tribunal de Justicia del Estado y giró órdenes de investigación a la Procuraduría General de la República (PGR) por atentar contra la tierra y el agua, debido al manejo inadecuado de residuos peligrosos.
Por otra parte, en el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, el consorcio galo enfrenta un proceso legal interpuesto por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por no ofrecer de forma adecuada el servicio de agua, según lo estipulado en la concesión.
“La Ciudad de México ya enfrenta grandes problemas generados por el crecimiento de la población, lo que hace muy difícil abastecer los servicios básicos y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Por eso es muy grave que las autoridades capitalinas no hayan consultado antes de decidir en materia ambiental”, subrayó.
Hernández Colín explicó que según especialistas, el Bordo Poniente no ha sido saneado, después de que recibió 76 millones de toneladas de basura durante el tiempo que operó, lo que provocará emisiones contaminantes al medio ambiente.
Señaló que además la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) determinó que el depósito del material contaminante promoverá el cambio de uso del suelo y alentará el crecimiento del asentamiento humano irregular.
