- El 90% de ellos, ellas piensan que no están seguros todo el tiempo y en ningún lugar
El 89% de las y los menores encuestados en el Estado de México por la organización World Vision México (WVM), ven su hogar como el lugar más inseguro y violento; el 90% de niñas, niños y adolescentes piensan que no están seguros todo el tiempo y en ningún lugar, asimismo, ven como normal la violencia, pues gritar y golpear sigue siendo parte de la crianza; además existen dificultades para acceder a los mecanismos de justicia.
Según el informe sobre Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en la entidad, durante enero de este año, se registró mil 674 llamadas por violencia doméstica al 911; de 2019 a 2021 se registraron 58 feminicidios contra niñas y adolescentes; durante la pandemia se han reportado 310 homicidios dolosos y 9 mil 605 reportes de lesiones contra niñas, niños y adolescentes.
El estudio se realizó en 26 municipios mexiquenses, se encontró el incremento de la violencia contra este grupo en el último año, en la entidad persiste el matrimonio infantil, así como la deserción educativa derivada de roles de género, además de que 63% de las y los menores consideran que los esfuerzos institucionales son insuficientes, informó Vincent Mireles Rangel, especialista en Política Territorial de WVM.
Por lo que, al ser considerado el hogar el lugar más violento y al ser un acto deliberado, es posible prevenir, combatir y erradicar a través de una legislación y políticas públicas que impulsen los tres órdenes de gobierno, así lo consideran la diputada Viridiana Fuentes Cruz y el legislador Rigoberto Vargas Cervantes.
Al respecto, el legislador Rigoberto Vargas, presidente de la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, llamó a priorizar la protección de las y los menores, pues eliminar la violencia en su contra es un componente esencial para el desarrollo sostenible.
En tanto, la legisladora Viridiana Fuentes, secretaria de esta comisión, reconoció la necesidad de capacitar a las personas servidoras públicas para el desarrollo de acciones institucionales que respondan de forma eficaz a este problema.
Mientras que la propuesta de la organización es impulsar una agenda legislativa para mejorar la normatividad en materia de prevención, prohibición, atención, restitución y acceso a la justicia de las y los menores; eliminar el castigo humillante; homologar las leyes estatales con las federales y reforzar la capacitación de servidores públicos, así como una campaña de concientización en los municipios.