* México se coloca en primer lugar de asesinatos a mujeres por cuestión de género
Al inaugurar el foro “Feminicidios en México. Análisis y retos legislativos” el diputado Reginaldo Sandoval Flores, señaló que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros tres meses del 2019 fueron privadas de la vida 227 mujeres, siendo los estados con mayor incidencia Veracruz, México, Sonora, Puebla y Nuevo León.
El papel del Congreso, es generar reformas legislativas enfocadas para que las autoridades tengan mayor eficacia, pues en la actualidad el 80 por ciento de los casos de feminicidios se encuentran impunes, agregó el coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Dijo que el feminicidio es generado por la desigualdad de géneros; por ello, se debe cambiar el paradigma de la educación, a fin de generar ciudadanos sanos y respetuosos; asimismo que los niveles de gobierno asuman su compromiso para detener este delito “tan aberrante”.
La diputada María Teresa Marú Mejía (PT) sostuvo que es necesario erradicar la violencia de género y desarrollar acciones que pongan un alto al hecho de dejar en libertad, a quien comete un homicidio o ejerce maltrato en contra de una mujer.
Dijo que la justicia tiene tantas aristas que permite, por diversas circunstancias, liberar a quien atenta contra la vida de una mujer; por lo tanto, solicitó la participación de la sociedad, para fortalecer los valores del respeto y la empatía, a fin de que cuando vean conductas violentas las denuncien y no las dejen pasar.
El titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y Delito, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Velázquez, manifestó que el problema de la violencia de género y los feminicidios son temas que preocupan al gobierno Federal.
Enfatizó que aunque la solución a este problema no es sencilla, se debe pensar en la construcción de esquemas de atención verticales, donde se trabaje de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno, la sociedad y las víctimas.
Apuntó que entre las acciones del Ejecutivo, está que las secretarías de Gobernación y la de Seguridad y Protección Ciudadana trabajen de la mano para fortalecer el modelo de atención al feminicidio, en el cual se tomen en cuenta todos los elementos del sistema de justicia; es decir, desde la prevención hasta la salvaguarda de las víctimas y con ello evitar su revictimización.
“Lo que deseamos es garantizar que cuando una persona comienza a sufrir violencia, existan mecanismos de denuncia, se les otorgue medidas de protección eficientes y se sancione a quienes atentan contra la integridad de las mujeres; además que existan espacios de protección para las víctimas”.
La fiscal especial en Feminicidios del estado de México, Irma Millán Velázquez, expuso que es fundamental que las autoridades les crean a las víctimas cuando afirman que su agresor las ha amenazado de muerte y les otorguen la protección necesaria para evitar que esto desencadene en un feminicidio.
Dijo que el reto del estado de México, es capacitar a un mayor número de elementos del Ministerio Público y que los Centros de Justicia para las mujeres les dé seguimiento a cada una de las denuncias que se presentan. “Hoy 56 por ciento de las denuncias de feminicidio se encuentran judicializadas”.
Pidió a los diputados construir políticas públicas orientadas a impulsar la participación activa de la ciudadanía, en el esclarecimiento de los feminicidios, pues muchas veces niegan las pruebas que podrían ser útiles para la impartición de justicia.
Alicia Rosas Rubí, subprocuradora de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que el perfil psicológico del feminicida, tiene como particularidades su narcisismo, misoginia, machismo, baja autoestima; son manipuladores, dominantes y con un desprecio marcado hacia la figura femenina; además no asumen la responsabilidad de sus actos, externan indiferencia ante el hecho cometido.
Añadió que los factores criminógenos del feminicida, se deben a que han sido integrantes de núcleos familiares numerosos, inestables, conflictivos y disfuncionales; asimismo, presentan alcoholismo y drogadicción.
Ante este panorama, mencionó que los retos legislativos deben orientarse a un examen del orden normativo en materia de prevención social del delito del feminicidio, a fin de lograr su erradicación desde las causas que lo generan”.
Roxana Aguilar, representante de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y las Drogas, especialista en feminicidio, subrayó que el 59 por ciento de las mujeres que tienen pareja, han presentado violencia física, emocional y sexual.
Relató que en 2017 México ocupó el segundo lugar en feminicidios en una relación de 24 naciones, tan sólo debajo de Brasil; sin embargo, en este 2019 ocupa el primer lugar; por lo que es necesario que se atienda, pues es un reflejo de la falta de derechos que tiene este sector.
“El odio y desprecio de los hombres hacia las mujeres, son plasmados con la saña de los asesinatos, pues ahora se utilizan métodos como el ahogamiento, sofocación, el uso de sustancias y el fuego. Estamos claramente frente al epicentro de la violencia, cuyo centro es el ejercicio de poder que funda un terror sistemático en el cuerpo femenino”.
Maricela Morales Ibañez, exprocuradora General de la República, expuso que para evitar la violencia de género, es fundamental impulsar la independencia económica de las mujeres, porque este factor es el causante de que se permita el maltrato.
Subrayó que los índices de los feminicidios crecen a la par que la inseguridad, siendo los focos rojos; Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León y el estado de México, aunque si bien es cierto que este delito está tipificado, sólo diez entidades federativas establecen la obligación de elaborar protocolos para la investigación.
Aseguró que la razón por la que los homicidios en contra de las mujeres quedan impunes, es por el limitado acceso que tienen las víctimas de violencia a la justicia y a los prejuicios de género durante la etapa de averiguación previa por parte de la policía, jueces y fiscales, los cuales archivan los casos, por supuestas faltas de prueba; por ello, propuso generar mejores mecanismos de capacitación de los servidores públicos.
Italy Ciani Sotomayor, ex subprocuradora para la atención de delitos cometidos contra la mujer del estado de México, destacó que para evitar los homicidios de género, es fundamental impulsar mecanismos de prevención, porque es imposible acabar con la violencia en contra de las mujeres desde el Sistema de Justicia Penal porque tan sólo se denuncia uno de cada cuatro delitos cometidos.
Manifestó que no se puede tener un modelo de agresor, pues estos pueden ser analfabetas o con estudios de posgrado, políticos, pobres o adinerados; es decir, más que hablar de un perfil, se debe hablar de un esquema de relaciones desiguales y es eso lo que se debe combatir y promover; que las mujeres conozcan sus derechos y la importancia de denunciar cualquier acto de violencia.
María Loeba Castañeda Rivas, directora en retiro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que los retos para legislar en materia de feminicidios es hacer efectivos los derechos humanos con progresividad y que se otorgue atención multidisciplinaria al agresor y víctima; además, se capacite a los impartidores de justicia con perspectiva de género.
