Diputados, senadora, senador, magistradas y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abogados, académicos y especialistas externaron posiciones sobre el tema “Elección popular de integrantes del Poder Judicial”, del séptimo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, enviadas por el Ejecutivo Federal, que organiza la Cámara de Diputados.
Sí se le moverán comas a la reforma
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) dijo que los poderes no son contrapesos, sino se coordinan y colaboran entre sí, de acuerdo con lo que establece la Constitución Política, por lo que pidió prudencia en el análisis de la iniciativa, así como examinar si el Poder Judicial actual es independiente de los partidos políticos.
Subrayó que a la reforma sí se le moverán comas respecto a temas que han sido insistidos durante estos diálogos nacionales como: gradualidad, idoneidad y requisitos. No obstante, preguntó a quienes están en contra de la propuesta ¿si en alguna parte de la iniciativa se señala que con la elección de juzgadores se elimina la corrupción e impunidad y si hay índices de cuántos juzgadores han actuado a favor de las mayorías y las minorías?
Abordar el tema del presupuesto para estados
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, dijo que es un buen momento para hablar de justicia; sin embargo, hay que poner sobre la mesa el tema de un presupuesto garantizado que se traslade a los estados para mejorar los poderes judiciales locales y tener más y mejores jueces.
Otros puntos, agregó, son la procuración de justicia, los peritos y la seguridad, porque a las personas desplazadas de México a Guatemala de nada les va a beneficiar un cambio en la Corte. “Tenemos que arreglar uno de los problemas más profundos que hay, que es el de la seguridad”. Solicitó información sobre cómo se selecciona a un juez de distrito o a un magistrado de circuito.
Queremos acercar la justicia a las mexicanas y a los mexicanos
El coordinador del grupo parlamentario del PVEM, diputado Carlos Alberto Puente Salas, expresó que el mandato popular ordenó e instruyó a realizar esta reforma, la cual se asume con responsabilidad, pues todos decimos que es necesaria una reforma al sistema judicial. “Queremos acercar la justicia a las mexicanas y a los mexicanos, porque hoy la mayoría siente y percibe una justicia muy alejada”.
Argumentó que hoy se analiza la elección de las y los integrantes del Poder Judicial, pero es cuestionable de qué forma se le dice a las y a los mexicanos: “tú si tienes la capacidad para nombrar presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, diputados, pero un ministro, un magistrado o un juez, ahí no, no sabes y no puedes, ni vas a participar”.
El Poder Judicial debe brindar justicia al pueblo
El vicecoordinador del grupo parlamentario del PT, diputado Gerardo Fernández Noroña, dijo que el poder de la ciudadanía ha decidido que el Poder Judicial se elija por el voto universal, secreto y directo; no obstante, se tomarán las opiniones de las y los ponentes, respecto a que haya requisitos y se cree un comité que revise que los perfiles sean los adecuados.
Comentó que se respeta que haya un Poder Judicial independiente, sólido, consecuente, honesto y entregado, pero es exigible que ese brinde justicia al pueblo. Inquirió a las y a los magistrados por qué no plantearon sus propuestas antes de la elección, cuando se presentó la iniciativa y se abrieron los espacios de discusión.
Necesaria, una reforma que fortalezca y no debilite
El coordinador del grupo parlamentario de MC, diputado Braulio López Ochoa Mijares, señaló que la reforma al Poder Judicial es necesaria, pero siempre y cuando lo fortalezca y no debilite. No se logra combatir la corrupción, la impunidad, nepotismo, tráfico de influencias y los abusos, dijo, porque no es una reforma integral, no modifica el sistema de justicia, solo va dedicada al Poder Judicial Federal y a los poderes estatales, no para policías, ministerios públicos, centros penitenciarios y la defensoría pública.
Relató que se ha centrado sobre la elección popular, la cual como está planteada en la iniciativa es muy similar a la elección de diputados, presidentes municipales y gobernadores, por lo que es cuestionable cuál sería el sistema que privilegie que haya mejores funcionarios públicos y jueces, es decir la carrera judicial o la elección democrática.
La elección debe realizarse desde una democracia dirigida
Por el PRD, su coordinador parlamentario, diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, reconoció que sí es necesaria una reforma, aunque se sabe que ella no resolverá como varita mágica los problemas de justicia. Además, la elección de jueces y magistrados debe realizarse desde una democracia dirigida, ya que son cargos que deben ser establecidos con un servicio de carrera y responsabilidad por parte de los servidores, garantizando su independencia.
La elección popular de jueces, magistrados y ministros, subrayó, puede comprometer la independencia judicial donde el servicio de carrera quedaría en segundo término con candidatos o candidatas que pueden ser sometidos a presiones políticas, electorales o, incluso, por criminales. Cuestionó ¿qué garantizaría que los jueces y magistrados puedan tener esta certeza?
Se requiere un Poder Judicial de la Federación autónomo
La senadora Kenia López Rabadán (PAN) expuso que se necesita un Poder Judicial de la Federación autónomo para delimitar los excesos de un poder y tener un contrapeso. “Es claro que las y los ministros materializan la pluralidad, la cual da certeza democrática y refrenda que la Constitución Política hoy no está equivocada”.
Indicó que la propuesta no plantea que un buen abogado de cualquier universidad, despacho o colegio, pueda ser ministro de la Corte, sino que sea definido por la partidocracia. “No se busca experiencia e inteligencia, lo que busca son jueces, magistrados y ministros subordinados al régimen actual. No apoyaremos una reforma que quiera lastimar a la justicia. Una reforma sí, por supuesto, pero que fortalezca al Poder Judicial”.
Voto del pueblo es una acción reivindicatoria
Por Morena, el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán preguntó si no basta la legitimidad del pueblo en la elección para que sea suficiente para decir que es un mejor método, pues muchos han interpretado la reforma “diciendo que le estamos dando un derecho al pueblo para que voten, no es así, pues en términos jurídicos es una acción reivindicatoria de algo que les fue despojado en algún momento”.
Comentó que con el pueblo todo y sin él nada, y si se tiene el respaldo popular no habrá problema de que esto se vuelva constitucional y si no lo tiene “lo invitamos a que vaya a las calles y buque el apoyo y convencer”. Preguntó por qué en 200 años solo ha habido 15 mujeres ministras y por qué se impide el acceso paritario a las mujeres a juzgar.
Queremos que el Poder Judicial se someta al pueblo
El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) dijo que uno de los temas recurrentes en los foros es el rezago en la impartición de justicia; entonces, lo importante es lograr hacer justicia al pueblo y que no tenga que ver con dinero, porque “no hay duda de que la Suprema Corte ejerce ideológicamente”.
Apuntó que se debe entender que el pueblo es soberano y “ahora queremos que el Poder Judicial se someta al soberano, que el pueblo elija como lo hace con el Ejecutivo y el Legislativo”. Subrayó que esta reforma no se trata de una venganza, porque estamos en una revolución profunda.
Nadie está en contra de una reforma al Poder Judicial
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado de MC, mencionó que nadie está en contra de una reforma al Poder Judicial, sino a la elección popular de los integrantes; sin embargo, es uno de los puntos que el grupo mayoritario no está dispuesto a mover; entonces, que “la discusión se centre en lo que se puede mejorar”.
En este sentido, añadió que es fundamental que en el tiempo que le queda a esta Legislatura se tome la experiencia internacional en la materia y se determine método, el cual no se encuentra en esta iniciativa, y se consideren las interrogantes de la titular del INE respecto de los cómo sacar adelante la elección popular.
Respuestas de las y los ponentes
El ministro de la SCJN, Jorge Mario Prado Rebolledo, dijo que son los primeros en reconocer que la soberanía radica en el pueblo de México, y nunca se ha puesto en duda la posibilidad de que pueda hacerse una designación de un juzgador por voluntad popular, sino en lo que se ha insistido es en analizar las características del trabajo jurisdiccional.
Afirmó que el tema de la independencia y de autonomía es un factor sine qua non para poder establecer un tema de impartición de justicia que coadyuve al Estado de derecho y al Estado constitucional de derecho. “Los tribunales no actuamos de oficio ni buscamos temas en el aire para poder pronunciarnos y poder contradecir o invalidar una norma general o una decisión política”.
Recordó que están a expensas del ejercicio de la acción de los particulares, de las personas que integran la nación mexicana, y se debe resolver con base en el estudio, análisis e interpretación constitucional y legal los temas que le son planteados. “El tema, es el acceso igualitario a la justicia, ahí sí tenemos retos. Por eso, bienvenida una reforma en donde se fortalezca la defensoría pública y se amplíe la perspectiva de género”.
La carrera judicial, añadió, es una garantía para quien acude al tribunal de objetividad, imparcialidad y de capacitación. “Si se decide por un sistema de democracia directa para la designación de jueces, habrá que hacer modificaciones a todo el entramado constitucional y legal de la impartición de justicia de nuestro país”.
El ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá, puntualizó que hay muchas cosas que los legisladores tendrán que resolver en cuanto a los procedimientos de elección de jueces locales y federales, y la reforma debe incluir temas en materia agraria y de tribunales administrativos.
Dijo que debe fortalecerse la idea de tener una verdadera escuela judicial en donde se prepare por igual a los jueces del fuero común y a los federales. Se manifestó para que el voto sirva para calificar y ratificar el nombramiento de los jueces a la mitad del periodo por el que fueron nombrados.
“Sabemos que el malestar fue creado por una resolución de la Corte y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar una estructura de la Corte, no podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Entendemos que si estamos sujetos a una revocación lo aceptaremos, porque es lo que manda el pueblo”, indicó.
Señaló que, si la ley está bien hecha, ellos podrían mejorarla; un elemento puede ser la publicación de las sentencias al ser un mecanismo de transparencia. Destacó que en el proceso de elección de los magistrados, jueces y ministros debe estar involucrada la ciudadanía, pero se deben definir otras vías para ello.
Lenia Batres Guadarrama, ministra de la SCJN, subrayó que es notorio que los temas de mayor aflicción de la población, que se refieren al derecho a la salud, vivienda, trabajo y educación, parece que no son temas de jueces ni de tribunales y “peor aun cuando se desdeñan para ser resueltos desde las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Refirió que la reforma no va a resolver problemas de corrupción, ni los grandes problemas del Poder Judicial, pero si no se democratiza este poder, no va a haber transformación alguna ni esperanza de justicia para las y los mexicanos que tenemos derecho a obtener justicia de este poder público del pueblo.
Externó que la mayor fuerza y legitimidad que puede tener cualquier servidor público proviene de la voluntad popular, ya que es la que le puede dar a los propios jueces en su carácter de servidores públicos una independencia que los libere de presiones particulares y una que les permita saberse observados por el pueblo, dado que la democracia en sí misma no corrige la corrupción, pero sí permite observarla y, por ende, permitirá observar a jueces y juezas que cuiden criterios de objetividad, imparcialidad en su competencia.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, expresó que la reforma al Poder Judicial es un clamor del pueblo de México, y pensar que obedece a una resolución de la Corte como es la Guardia Nacional, es ignorar la voz del pueblo, es estar ausente de la demanda de justicia que existe el día de hoy.
Precisó que en los presupuestos de egresos no se establece un porcentaje para los poderes judiciales locales ni para el Poder Judicial Federal, por lo que es importante que se plantee este tema y los porcentajes que se deben dar a cada una de las dependencias que así lo exigen y lo necesitan.
Consideró que la reforma al Poder Judicial de la Federación ya es una realidad, “hoy les toca a ustedes las formas de participar de la población en estas determinaciones, si debe ser una votación popular de vacantes, si debe ser progresiva, escalonada, mediante revocación de mandato, referéndum o consulta popular. Se tienen muchos retos, pero esto es un primer avance”.
Adriana García, consultora experta del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y profesora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, expresó que las normas internacionales que reconocen la selección de jueces establecen en su mayoría que los nombramientos de los jueces deben ser ajenos a las presiones políticas y fundamentarse en los méritos y las competencias, es decir la legitimidad de los poderes judiciales deviene de su capacidad de garantizar derechos y no su cercanía ideológica con las personas.
Resaltó que la votación en los regímenes democráticos se prevé como un mecanismo de rendición de cuentas, pero eso no sucede con los jueces, “porque yo quiero jueces imparciales; un juez no puede ofrecer ideología y debe garantizar imparcialidad”. Cuestionó si se quiere institucionalizar lo que pasa a través del voto popular con la intromisión del crimen organizado y dinero ilícito.
El doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia, comentó que permitir que las propuestas que realicen los tres poderes provengan de la ciudanía es factible, ya que abre el sentido democrático impulsado por el Ejecutivo.
Afirmó que el derecho no es neutro, tiene ideología, cuando los jueces lo interpretan y lo aplican hay concepciones culturales, ideológicas e históricas. Consideró que en la actualidad la Corte se ha asumido como una tercera cámara legislativa al invalidar leyes aprobadas por el Congreso de la Unión.
Raúl Juan Contreras Bustamante, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, mencionó que la elección de ministros, magistrados o jueces sea por un procedimiento de elección directa o indirecto, no va a modificar por sí sola el problema que tiene la ciudadanía de impartición de justicia, pues la misma no está limitada al trabajo de los jueces, depende de la participación de las fiscalías, policías, servicios periciales, jueces y del sistema penitenciario.
Mencionó que de todos los juicios congestionados en la impartición de justicia en los tribunales de todas las especialidades, el 40 por ciento son de origen familiar y el 30 por ciento controversias civiles, por lo que la ciudadanía casi nunca recurre al Poder Judicial Federal porque sus conflictos no tienen que ver con las complicaciones de la constitucionalidad.
Eduardo José Torres Maldonado, abogado, sociólogo y especialista en derecho constitucional y amparo, cuestionó qué utilidad tiene que un magistrado o juez federal o local tenga 20 especializaciones en derechos humanos o doctorados, si se dedica a violar derechos humanos y a corromperse.
Resaltó que se necesita acercar el Poder Judicial a la gente y se requiere el humanismo para poder entender qué pasa con los justiciables; “hay muchas injusticias en el Poder Judicial”. Propuso crear e instrumentar adecuadamente un ombudsman judicial, el cual atienda la violación a los derechos humanos y constitucionales de los justiciables.
Jaime Miguel Moreno Garavilla, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apuntó que la corrupción sólo se puede evadir con valores y afirmó que la ciudadanía tiene las luces suficientes para construir instituciones modernas que exige su realidad.
Propuso cambiarla a una convocatoria abierta para que todos los profesionales del derecho que sientan la posibilidad de presentar un examen público y abierto ante la escuela federal del Poder Judicial, lo realicen. “Todo mundo debe aportar en esta obra de la nación, pues se tiene la posibilidad de construir un sistema electoral para ejecutar este desafío”.
Luis Enrique Pereda, miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados, dijo que, si esta reforma busca mejorar la impartición de la justicia, preocupa que deliberadamente se quiera verla segmentada.
Ejemplo de ello, subrayó, es que los ministerios públicos y sistema carcelario, que son los eslabones del principio y fin de la cadena de impartición de justicia no son tocados. Hoy el país vive tres reformas judiciales importantes: el Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley General de Medios Alternativos de Medios y Controversias y la Reforma Laboral; entonces, ¿cómo juega esta reforma al Poder Judicial en éstas?
Eduardo Andrade Sánchez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y magistrado en Retiro del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, estimó que hay algunos excesos del Poder Judicial de la Federación, y si se analiza cómo ha ido evolucionado en invadir áreas de políticas públicas, se sostiene la idea de que ha ido más lejos de lo que le toca a su poder.
“Que mayor politización de la justicia que las manifestaciones públicas de magistrados en contra de una decisión que no pueden cuestionar porque es la que va a condicionar su funcionamiento y su estructura”, puntualizó.
