Activistas y familiares de Monserrat Juárez Gómez y de Vania Erandi Macías Lozada se manifestaron esta mañana frente al Palacio de Gobierno del Estado de México, en Toluca, para denunciar irregularidades por parte de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) en los casos de feminicidio de ambas víctimas.
Durante la manifestación, se hizo un llamado a la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, para llevar a cabo ajustes en la Fiscalía mexiquense, los cuales se especificaron en un pliego petitorio.
Entre las demandas se encontraban la destitución de diversos servidores públicos de la Fiscalía estatal, una reestructuración interna, una auditoría e inspección de las diferentes sedes de la FGJEM, y supervisiones periódicas, entre otras acciones.
A lo largo de la manifestación, el personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) brindó su apoyo a los manifestantes.
“Dos vidas que deberían de seguir con sus familias sin embargo las omisiones, indolencia y corrupción imperaron para que nuestras compañeras ahora formen parte de las estadísticas fuertemente engrosada en este estado fallido en garantizar la vida de las mujeres mexiquenses“, expresó Rosa Isela Gómez García, mamá de Monserrat Juárez.
Monserrat Juárez Gómez fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2022, en la colonia Jardines de Santa Clara, en Ecatepec.
El caso adquirió notoriedad cuando, el 22 de septiembre, una cámara de seguridad captó a su pareja sentimental, Sean Alejandro “N“, y al padre del presunto agresor, César “N“, bajando su cuerpo envuelto en una sábana desde un edificio de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Ambos presuntos responsables están detenidos y esperan una sentencia condenatoria por su supuesta participación en el feminicidio.
Por su parte, la Doctora Vania Erandi Macías Lozada presuntamente fue atacada con un arma de fuego por el policía Edgar “N” en el municipio de Coacalco, en el oriente del Estado de México. Aunque sobrevivió al ataque, fue hospitalizada y luego cayó en coma.
Las autoridades buscaron cambiar la medida cautelar del supuesto responsable, solicitando el sobreseimiento del caso, lo cual ha generado críticas por parte de los activistas.