- Un paso histórico en derechos reproductivos
- En una sesión histórica, el Congreso del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, consolidando un paso crucial en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes. Con esta decisión, el Estado de México se convierte en la entidad número 18 en México en descriminalizar este procedimiento médico.
En ese sentido, la reforma al Código Penal estatal fue impulsada por la Comisión para la Igualdad de Género de la LXII Legislatura, presidida por la diputada Zaira Cedillo Silva (Morena) y votada en contra por la bancada del PAN.
La aprobación coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reforzando el simbolismo de la medida como una acción contra la violencia estructural que afecta a las personas gestantes.
La nueva legislación establece que la interrupción del embarazo será legal hasta las 12 semanas de gestación. Después de ese plazo, el aborto será considerado delito, con penas de seis meses a un año de prisión.
Sin embargo, si el procedimiento se realiza sin el consentimiento de la persona gestante, las penas aumentarán de cinco a 10 años de cárcel y de 50 a 400 días de multa. Además, si se emplea violencia física, psicológica, obstétrica o negligencia médica, las sanciones se incrementarán hasta en un 50%.
El personal médico, de enfermería o partería que participe en abortos fuera del plazo permitido podrá ser suspendido del ejercicio profesional por tres a seis años, llegando hasta 20 años en caso de reincidencia.
La ley contempla situaciones excepcionales en las que el aborto no será penalizado después del plazo de 12 semanas:
- Embarazos producto de violación.
- Riesgo grave para la vida o salud física o mental de la persona gestante.
- Malformaciones genéticas o congénitas graves del producto.
- Embarazos derivados de la implantación no consentida de un óvulo fecundado o inseminado artificialmente.
- Situaciones en las que la persona gestante fue ocultada, amenazada o privada de su libertad para impedir la interrupción en el plazo establecido.
El Estado de México se suma a entidades como la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo, entre otras, que permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas. Sinaloa, por su parte, extiende este límite a 13 semanas.
Desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar el ejercicio del derecho a decidir, subrayando que, aunque el producto de la gestación merece protección, esta no puede desconocer los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes.
Impacto social y cifras alarmantes
Las cifras del Estado de México subrayan la gravedad de la problemática. En 2023, la entidad registró 805 nacimientos de niñas menores de 15 años y 27,887 de adolescentes entre 15 y 19 años, representando el 15.3% de los nacimientos totales. Municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca concentran los mayores casos de embarazos infantiles, generalmente vinculados a violencia sexual ejercida por hombres significativamente mayores.
Al respecto, en el informe de Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC) destaca que los embarazos forzados perpetúan ciclos de violencia estructural. “El acceso al aborto seguro no solo protege la vida y salud de las personas gestantes, sino que también rompe con la imposición de maternidades forzadas y la violencia de género”, explicó Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia de Ipas LAC.
Además, en 2020, los Centros de Procuración de Justicia Estatal reportaron 59 denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, aunque se estima que el 97.3% de los casos de violación no se denuncian, según la ENVIPE 2022.
Aunque la despenalización representa un avance, su implementación enfrenta retos significativos. Persiste la necesidad de eliminar barreras sociales y culturales que dificultan el acceso a la interrupción legal del embarazo, especialmente en comunidades rurales y marginadas.
La Norma Oficial Mexicana NOM-046 establece que las instituciones de salud deben brindar información objetiva y suficiente sobre los procedimientos, riesgos y alternativas. Además, organizaciones civiles, como redes de acompañamiento, ahora cuentan con un respaldo jurídico para orientar a quienes opten por abortos autogestionados.
Con esta decisión histórica, el Estado de México fortalece la lucha por la igualdad y el derecho a decidir, avanzando hacia un México más justo, donde ninguna maternidad sea forzada y todas las personas gestantes tengan acceso a servicios seguros y dignos.
