El Estado mexicano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos irregularidades en las investigaciones sobre el presunto asesinato de la activista Digna Ochoa y Plácido, registrado en 2001 y catalogado entonces como un suicidio, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Tras una audiencia celebrada entre el 26 y 27 de abril, el Estado mexicano “reconoció su responsabilidad por la violación” a la “honra y dignidad” de Ochoa y Plácido, indicó la cancillería en un comunicado.
El gobierno mexicano se comprometió a presentar a la familia de la defensora de derechos humanos un proceso de Reparación Integral a reabrir la investigación con “enfoque de género”, añadió la SRE.
El caso llegó ante la Corte IDH, órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por los familiares que siempre sostuvieron que fue asesinada.
Ochoa y Plácido fue hallada sin vida el 19 de octubre de 2001 en un despacho jurídico de la Ciudad de México con dos impactos de bala, uno de la pierna y otro en la cabeza, así como otro agujero en un sillón.
La Procuraduría General de Justicia concluyó que la activista se suicidó, provocando la indignación de numerosos colectivos de activistas.
“¿Cómo explica un suicidio con tres disparos?”, preguntó durante la audiencia pública el juez Eugenio Raúl Zaffaroni al exagente del Ministerio Público, José Pérez Bravo, quien lideró las indagatorias sobre el caso.
“La explicación que se nos proporcionó fue que Digna Ochoa accionó el arma en el sillón como una prueba de sonido, para ver si se acercaba alguna persona; en segundo momento disparó en la pierna y en un tercer momento en el cráneo”, respondió Pérez.
La Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) de México reportó el 15 de abril en su informe anual que 45 defensores de derechos humanos han sido asesinados en 2019 y 2020.