Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que los juzgadores “están fuertes”, “nada los va a doblar” y seguirán defendiendo la Constitución, durante la presentación del libro “La Defensa y Remediación de los derechos sociales”, de Isidro E. Muñoz Acevedo, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
“Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar, nada nos va a doblar”, declaró sostuvo Pérez Dayán.
“Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea”, dijo.
Incluso, el ministro hizo la broma de que si después de todo lo que suceda iría a vender tamales: “ahí les mando el menú”; además, sostuvo que es ajena y anticlimática la idea de que los jueces provengan de una elección popular, tal y como lo ha señalado el Gobierno de la Cuarta Transformación.
“El juez demócrata siempre me había resultado una idea exótica y bajo la perspectiva de lo que hoy se dice, pues parece difícil entender que, en un sistema en donde el derecho sea la constante de la convivencia y las normas, las reglas de su conducta, el juez pueda llegar a acceder a esos cargos a través de una elección popular”, enfatizó.
“No dudo que se pueda, sin embargo, me parece que hoy por hoy, es verdaderamente difícil alcanzar los ideales, objetivos y funciones de la Judicatura a través de un sistema electoral”, explicó.
Pérez Dayán fue el encargado de realizar el proyecto con el que se anuló la primera parte del plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador.
Derivado del análisis de siete acciones de inconstitucionalidad presentadas por dichos partidos políticos, Pérez Dayán consideró que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se aprobaron, por la mayoría de Morena y sus aliados en ambas Cámaras, sin respetar las reglas del proceso legislativo y bajo un “cúmulo de irregularidades y violaciones” a los reglamentos internos.