El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que su gobierno designará a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
“Serán designados (…) He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso”, dijo Trump en entrevista.
“No voy a decir lo que haré, pero serán designados, Absolutamente”, recalcó el mandatario ante Bill O’Reilly en su programa de radio.
Según Trump, cada año están perdiendo 100,000 personas a causa de la violencia que azota México, por lo que es prioritario para su administración modificar las leyes necesarias para garantizar un combate efectivo contra el narcotráfico.
“Ya ofrecí mi ayuda a México, me agrada mucho el presidente (…) creo que es un muy buen hombre. Pero de hecho ya le ofrecí que nos deje entrar y limpiarlo todo y hasta ahora rechazó la oferta. Pero en algún punto simplemente se debe hacer algo”, se escucha decir a Trump.
“Mira, estamos perdiendo 1000,000 personas al año por lo que está pasando en México. Ahora multiplicamos esto por diez, las familias que se destruyen. Es una situación muy, muy triste. Algo habrá que hacer”, concluyó.
Las implicaciones de la nueva designación
El gobierno de Estados Unidos tiene dos leyes vigentes para combatir al terrorismo, dentro y fuera de su territorio.
La primera es la Ley Pública 104-132, también llamada Ley Contra el Terrorismo, Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte, que data de 1996, cuando era presidente Bill Clinton. Esta legislación le otorga facultades al gobierno estadounidense para intervenir en cualquier país que signifique una amenaza para la seguridad de esa nación.
Bastaría con que el actual presidente Donald Trump firme una declaratoria en la que estipule que México no coopera plenamente con la labor antiterrorista de EEUU para poder intervenir en el país. Además, México ya no podría comprar armamento ni materiales militares como lo hace hoy en día.
La otra legislación es la llamada Ley Patriótica, promulgada por el presidente George Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Es extraterritorial, abarca jurisdicción internacional y se apoya en los tratados internacionales y convenios bilaterales.
El Título III se refiere a la financiación del terrorismo, a través del lavado de dinero y activos y actividades ilegales con respecto a Bancos, Entidades Financieras, Empresas y Corporaciones Multinacionales, personas jurídicas e individuos que sean incluidos en las lista Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés). Muchos cárteles mexicanos y empresas relacionadas con ellos están bajo la lupa del gobierno estadounidense.