Ciudad de México. 20/12/17.- La diputada María Luisa Beltrán Reyes (PRD) planteó realizar reformas penales, para combatir las prácticas de asociaciones que ofrecen servicios bancarios y financieros, similares a los de las instituciones de crédito reguladas, con el fin de defraudar o abusar a la gente.
En un comunicado, informó que propuso modificar el artículo 387 del Código Penal Federal y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que las prácticas de esas asociaciones sean consideradas como fraude e, incluso, como actividades de la delincuencia organizada.
“Las reformas buscan inhibir, limitar y evitar prácticas fraudulentas contra la población civil por medio de empresas apócrifas, que son fundadas con la intención premeditada y sistemática de defraudar al usuario, imitando figuras autorizadas, tales como cajas populares, Sofomes, Sofipos o intermediarios”, externó.
“Es necesario considerar estas formas de fraude en los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, porque en muchas ocasiones instituciones como la Condusef o la Profeco no cuentan entre sus funciones con medidas preventivas o de apremio para defender con mayor firmeza al usuario”, agregó.
Comentó que en las zonas rurales, se han multiplicado “empresas” que ofrecen créditos, sin explicar o documentar los términos y condiciones del mismo, a productores agropecuarios y microempresarios que tienen limitado el acceso al financiamiento de la banca regulada.
“Con esta falta de claridad, se amenaza impunemente a los contratantes con embargos ilegales; se han detectado casos que, sin haber recibido el monto solicitado, se les presiona para pagar los créditos, debido a que ellos entregan documentos personales e incluso firman contratos que lesionan sus intereses”, apuntó.
Dijo que los pequeños ahorradores también recurren esas “empresas” porque no ven atractivo acudir a un banco regulado, por las bajas ganancias que ofrecen en sus inversiones; “incluso, si descuentan el índice de inflación, la ganancia para ellos es negativa”.
“Durante mucho tiempo ha habido quiebras y fraudes que han dañado el patrimonio de los ahorradores y que, a falta de una legislación completa, siguen siendo engañados porque tienen necesidad de créditos, debido a que no cubren los requisitos del sistema bancario”, indicó.
Comentó que es imperativo analizar el modus operandi de estas agrupaciones, cuyo fin es la defraudación de los usuarios de manera sistemática y, para ello, es necesario conceptualizar lo que es la delincuencia organizada.
“La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado de dos o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente, con el propósito de cometer uno o más delitos tipificados, con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material”, explicó.
