El diputado local Víctor Hugo Lobo Román pidió revocar los permisos a las empresas de parquímetros que se han caracterizado por la falta de transparencia, lo que ha provocado un constante descontento social.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) explicó que en los últimos meses de este año se detectó que las empresas operadoras de parquímetros destinaron montos menores al 30 por ciento que están obligadas a pagar, según contratos que no se han transparentado.
Manifestó que entre 2012 y 2017, sólo cuatro empresas concesionarias de parquímetros obtuvieron ganancias de 70 por ciento, equivalentes a mil 523 millones 214 mil 832 pesos.
Señaló que la página de Ecoparq muestra una opción de “Reporte de Ingresos del Sistema de Parquímetros”, en donde se muestran reportes generales anuales de los ingresos “totales” del año 2012 a 2016.
Sin embargo, mencionó que para el año 2017 sólo existen dos reportes de ingreso, en uno se muestra un desglose por mes y colonia y en el segundo un porcentaje de aprovechamiento, pero estos aún son “generales”.
Lobo Román aseguró que la mayoría de los reportes entre 2012 y 2016 no son claros, pues sólo se muestra un ingreso “total” sin hacer referencia a los porcentajes destinados al gobierno de la Ciudad de México y a las empresas.
“Es importante mencionar que únicamente el año 2018 tiene un reporte por mes, en donde se muestra colonia, empresa e ingresos, pero sólo de mayo, junio, julio y agosto”, apuntó.
Retomó el sentir de la ciudadanía en cuanto a que la apropiación de la vía pública por parte de ese tipo de empresas no se ve reflejado en mejoras a infraestructura, servicios, equipamiento y vialidades.
Además, indicó que la Secretaría de Movilidad, como responsable de la supervisión de la operación de los parquímetros, carece de datos públicos y no responde a solicitudes de información de la ciudadanía y medios de comunicación.
En consecuencia, anunció que en estos días presentará un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades capitalinas revocar los permisos a las empresas que incumplan con lo estipulado en la ley de proporcionar 30 por ciento de sus ganancias a las mejoras en infraestructura y vía pública.