La bancada del PRD exigió que se sancione a funcionarios que promuevan alguna religión, a fin de detener la intromisión de asociaciones religiosas en funciones del Estado laico.
Mediante un comunicado, solicitó que la Cámara de Diputados dé curso, en breve, a la iniciativa promovida por la coordinadora de los diputados perredistas, Verónica Juárez Piña, que aborda esta temática.
La propuesta plantea modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a fin de fortalecer el carácter arbitral y neutral del Estado laico, y garantizar el derecho de profesar la religión que los ciudadanos prefieran.
“El PRD llama a todas las fuerzas políticas y personas de pensamiento libre e ilustrado a impedir este retroceso y defender al Estado laico”, enfatizó el grupo parlamentario.
Destacó que la Comisión de Gobernación y Población ya dictaminó favorablemente la iniciativa de Juárez Piña, solo falta que el Pleno la aborde.
“El asedio al Estado laico mexicano y la libertad de culto se ha agudizado a últimas fechas y a esto contribuyen funcionarios públicos que, en su carácter de tales, violan la ley”, añadió.
El artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prohíbe a autoridades federales, estatales y municipales intervenir en asuntos internos de las asociaciones religiosas, así como asistir con carácter oficial a cualquier acto de culto público o que tenga propósitos similares. Sin embargo, no se prevén sanciones para los funcionarios que cometan estas faltas, recordó.
Para subsanar dicha omisión, la propuesta de la líder parlamentaria busca tipificar y enlistar las infracciones que los servidores públicos pueden cometer, y se remite a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en cuanto al proceso sancionador al que deben ser sometidos, abundó.
Respecto de la propuesta de la senadora por Morena, María Soledad Luévano Cantú, sobre asociaciones religiosas, aseveró que viola los artículos 24, 40 y 130 de la Constitución.
“La iniciativa de Morena es contraria a la Constitución y evidencia la absoluta confusión sobre las funciones del Estado y el papel de las religiones, así como la diferencia entre normas religiosas, éticas y jurídicas; además es un atentado a las libertades religiosas de cada ciudadano”, agregó.