Ante la proliferación de 544 asentamientos irregulares en la Sierra de Guadalupe, los gobiernos estatal y municipal exhortaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a actuar de inmediato contra los fraccionadores clandestinos que continúan lotificando ilegalmente esta área natural protegida.
Como parte de los acuerdos derivados de la Mesa de la Transformación, se determinó reforzar la coordinación entre autoridades municipales y estatales para frenar la venta ilegal de terrenos y denunciar a quienes comercialicen predios en zonas de conservación ambiental.
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec, junto con la Coordinación General de Conservación Ecológica del Gobierno del Estado de México, será la encargada de centralizar las denuncias sobre afectaciones ecológicas y asentamientos ilegales en esta región natural.
Estas denuncias serán canalizadas directamente a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) y a la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente, con el objetivo de conocer el estatus jurídico actual de los casos y garantizar su debido seguimiento legal.
Paralelamente, el Gobierno de Ecatepec mantiene operativos constantes en la Sierra de Guadalupe, en coordinación con la Policía Municipal, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la SEDENA, para prevenir nuevas invasiones y fraccionamientos ilegales.
En mayo, como parte de estas acciones, se desplegó un operativo conjunto en la colonia Tablas del Pozo Sur, en las zonas de Mesa de Leones y Arboledas, con la participación de áreas como Desarrollo Urbano, Consejería Jurídica, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Marina, además de instancias estatales.
El resultado fue la suspensión de 12 construcciones ilegales en Mesa de Leones y 5 más en la colonia Arboledas, además de la emisión de tres notificaciones para retirar materiales de construcción en zonas invadidas.
Estas medidas buscan proteger el ecosistema de la Sierra de Guadalupe, preservar la legalidad del uso de suelo y evitar riesgos para quienes se asientan en zonas no aptas para la vivienda.
