Ante el constante registro de agresiones a periodistas en el país, ARTICLE 19 hace un enérgico llamado al gobierno para garantizar el libre ejercicio periodístico. Desde que empezó el sexenio de Enrique Peña Nieto, cada año ha sido más violento que el anterior, al registrar mil 986 agresiones a periodistas.
Así lo dio a conocer la organización defensora de los derechos humanos y de la libertad de expresión, ARTICLE 19, al presentar su informe anual 2017 Democracia simulada, nada que aplaudir, en el que se señala que durante el sexenio actual, la violencia pasó de estar concentrada en algunos estados — principalmente los que contaban con mayor presencia del crimen organizado— a ser generalizada en todo el país.
“A seis años de la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la consiguiente creación del Mecanismo Federal para la protección de quienes ejercen ambas actividades, en México las y los periodistas continúan sin una protección eficaz y articulada”, afirma en su informe el organismo.
El año pasado esta organización registró 507 agresiones a periodistas, incluyendo 12 asesinatos y una desaparición forzada, colocando a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y los niveles de violencia a los que se enfrentan quienes buscan informar son solo comparables con aquellos países en situación de guerra declarada, como Siria.
ARTICLE 19 explicó que las privaciones de la libertad aumentaron 2.5 veces en el sexenio actual con respecto al previo: el promedio anual pasó de 17 en los últimos cuatro años del sexenio de Calderón a 44 en el sexenio de Peña Nieto. Asimismo, documentó 20 casos de periodistas desplazados de manera forzada debido a agresiones relacionadas con su labor periodística. 11 de ellos, ocurrieron en 2017.
Democracia simulada, nada que aplaudir, analiza que los periodistas que cubren la fuente informativa de seguridad y justicia, no deja de ser una cobertura de riesgo, principalmente en Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Baja California Sur y Guerrero. Sin embargo, señaló que, en años recientes, la fuente de “corrupción y política” es la que está relacionada principalmente con las agresiones a la prensa en el país, y es en la capital del país donde más se agrede a periodistas que cubren dichos temas.
Perpetradores
El documento refiere que a pesar del discurso oficial en que el gobierno ha culpado una y otra vez al crimen organizado por la violencia contra la prensa, de las mil 986 agresiones ocurridas en estos últimos cinco años, 8% fueron presuntamente cometidas por integrantes del crimen organizado y 48% por funcionarios públicos.
“En ningún año de los documentados, las agresiones por funcionarios públicos han sido rebasadas por las de algún otro grupo, sujeto o tipo de perpetrador”, subrayó Ana Cristina Ruelas, directora de ARTICLE 19 México y Centroamérica.
Al inicio del sexenio, ARTICLE 19 documentó que 75% de los asesinatos de periodistas eran cometidos presuntamente por integrantes del crimen organizado. Al cierre del sexenio puede identificarse que 21.9% de los asesinatos fueron presuntamente cometidos por integrantes del crimen organizado y 19.5% por funcionarios públicos. “Las líneas son cada vez menos claras; la narcopolítica torna imposible, en la mayoría de los casos, trazar una frontera entre el crimen organizado y los funcionarios públicos”, agregó Cristina Ruelas.
Por otro lado, la evolución hacia el mundo digitalizado ha traído consigo que el espectro de la violencia sea más complejo. Desde 2013, ARTICLE19 comenzó a documentar ampliamente las agresiones en el ámbito digital, registrando ataques a portales, amenazas, clonaciones de cuentas y campañas de desprestigio en línea, los cuales representaron apenas 3% de los casos documentados ese año. En 2017, de las 507 agresiones documentadas, 19% sucedieron en internet. A partir de 2014, las agresiones a medios digitales (47.8%) superaron las de medios impresos (20.8%), tendencia que se ha mantenido durante los tres siguientes años.
Las múltiples censuras
El informe de ARTICLE 19 de este año, dedicó un capítulo al estudio e investigación de la publicidad oficial como mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, y como herramienta de censura sutil hacía los medios de comunicación. Se detalla que algunos de esos mecanismos son estructurales, como la publicidad oficial, la concentración de medios en pocas manos y las leyes mordaza.
En México, el presupuesto en materia de publicidad oficial se ejerce sin control y se usa para la promoción personalizada de distintas y distintos funcionarios y gobernantes, trascendiendo del ámbito de los derechos a la libertad de expresión y a la información, al control indirecto en las distintas líneas editoriales de los medios de comunicación.
Gastar más de lo presupuestado en publicidad oficial es una práctica común, incluso se ha revelado que este gasto excede en el orden federal casi el 200%. De 2007 a 2012, el 65.9% del presupuesto en publicidad oficial se gastó sin haberse presupuestado. En la actual administración federal se sobre ejerció el 71% del gasto presupuestado.
De acuerdo con las cifras sobre erogaciones de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017 más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial.
ARTICLE 19 recomienda que la ley debe prohibir esta práctica y limitarla como máximo al 10% del gasto presupuestado. “Es trascendental que se considere la creación o integración de algún ente regulador de la publicidad oficial que no dependa de la Secretaría de Gobernación, sino que sea un órgano, organismo, Comisión de vigilancia, o Consejo Nacional”.
En torno a las agresiones a los periodistas, ARTICLE 19 urgió a los actores políticos implementar una agenda mínima que erradique la impunidad y proteja al periodista, resaltando la implementación de un Estrategia Nacional de Protección a la Libertad de Expresión, siendo el Ejecutivo el responsable de incluirla en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2019-2024. Además, entre otros puntos, el Congreso tendrá la responsabilidad de crear una Fiscalía General de la República que garantice investigaciones objetivas, imparciales y exhaustivas de las agresiones contra la libertad de expresión.
A continuación, el link para descargar el informe completo: articulo19.org/nadaqueaplaudir
