La Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal, solicitará una reunión con el procurador General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, y sus principales funcionarios, a fin de que informe el estado que guardan las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el desvío millonario de recursos en algunas universidades públicas con subcontratación de programas pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La diputada Claudia Corichi García (MC), presidenta de la Comisión Especial, aseguró que “la ASF dio todos los elementos para que se ejerza acción penal en contra de quien desvió recursos de la Sedesol y no ha habido ningún resultado hasta ahora”.
El objetivo de la reunión con altos funcionarios de la PGR es para que informen a los diputados en qué van estas investigaciones, si se les ha dado seguimiento o no. “Lo que queremos saber es por qué la PGR no ha ejercido acción penal contra los responsables de estos desvíos”, apuntó.
“La impresión que tenemos es que no se está dando seguimiento (a las denuncias) y nos preocupa, porque hoy el principal problema del país es la impunidad, sobre todo porque (el delito) está totalmente documentado por la ASF, instancia respetable que tiene la atribución de investigar desvíos millonarios y éstos se encuentran documentados al cien por ciento”.
Precisó que “los casos documentados por la ASF ascienden a 300 millones de pesos, pero pueden llegar a más de mil o dos mil millones. Estamos hablando de cantidades importantes, está toda la documentación y lo que falta es saber por qué no se ha ejercido acción penal, teniendo todos los elementos integrados”.
Explicó que algunas universidades públicas hicieron los desvíos a través de triangulaciones. En teoría, continuó, “esas instituciones contrataron a empresas para que hicieran algunos trabajos de consultoría, las cuales triangularon con otras compañías varias veces; por eso los montos millonarios”, dijo.
Aseguró que los expedientes de la ASF tienen varios años y este organismo ha pedido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público darles seguimiento, porque “presume que se puede tratar incluso de un asunto de lavado de dinero y de crimen organizado. Es un tema muy delicado, por eso queremos saber cuál es el proceso y las investigaciones que sigue la PGR, ya que cuenta con documentación clara y fehaciente”.
Consideró que Raúl Cervantes, y otros funcionarios de primer nivel de la PGR, “tendrán que responder en qué estado se encuentran las averiguaciones”.
El diputado del PAN, Juan Carlos Ruíz García, urgió a tener la reunión de trabajo con funcionarios de la dependencia para que expliquen por qué no han actuado, ya que los tiempos procesales han corrido. “No han iniciado nada, simplemente han integrado”, afirmó.
“Si la ASF ha hecho un esfuerzo, ha integrado la documentación y ha concluido estos recursos legales ante la procuraduría, debe tener éxito y todos se enteraren que el trabajo de la Auditoría está teniendo resultado para combatir la impunidad. El auditor, en todo momento, ha estado cumpliendo y quien lo obstaculiza es otra instancia federal”.
Por otra parte, los integrantes de la Comisión Especial acordaron recibir hasta el próximo viernes propuestas que enriquezcan la reforma al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público, a fin de evitar prácticas que propicien el desvió de recursos públicos.
Asimismo, anunciaron para el 26 de abril la presentación del libro “Retos y oportunidades en las compras del gobierno federal”, cuyo compilador es David Colmenares; es un esfuerzo editorial de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial, para presentar y evaluar este proceso.
