*Advierten que Migrantes pueden sumarse a la informalidad ante la falta de oportunidades en el país
Por Juan R. Hernández
Antes de prometer trabajo para los migrantes centroamericanos, el gobierno de la Capital y el federal primero deben de crear las fuentes de empleo para las 10 mil familias que trabajan diariamente en los pasillos y vagones del Metro, afirmaron organizaciones de vagoneros quienes solicitaron al Congreso de la Ciudad de México regular su trabajo al interior de este medio de transporte.
En conferencia de Prensa, Raúl Pérez, presidente de la Federación de Comercio Popular y Prestadores de Servicios (Fecoppres), denunció que éste grupo de vagoneros son extorsionados por jueces y policías que les piden el pago de diversas cuotas que van desde los 50 hasta los 100 pesos diarios para dejarlos seguir trabajando en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Asimismo, los vagoneros defendieron su actividad, la cual exigieron sea regularizada, incluso, han hecho propuestas al Gobierno de la Ciudad de México para crear fuentes de empleo y pagar impuestos. 
Al respecto, Rufino Meneses Pacheco, Vicepresidente del Frente Nacional de Comercio Informal, advirtió que si el gobierno federal y el capitalino no logran responder a las demandas de creación de empleos dignos y bien pagados, no sólo enfrentarán la problemática del mal llamado comercio informal, sino que además, los miles de migrantes centroamericanos que decidan quedarse a vivir en la Ciudad de México, ellos irremediablemente pasarán a ser parte de los grupos de comercio ambulante en las calles o instalaciones del metro.
Por último, los líderes vagoneros hicieron un llamado a Raymundo Collins, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX), y a Nashieli Rámirez, titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, entablar mesas de trabajo con el objetivo de “otorgar medidas precautorias para este gremio”, pues aseguran que continúan siendo criminalizados.
Asimismo, solicitaron revisar los protocolos policiacos y los criterios aplicados en los juzgados cívicos del debido proceso para terminar con el abuso a las garantías individuales, ya que la policía capitalina los sigue extorsionando para que no los envíen al Juzgado Cívico.
