La presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas, diputada Julieta Fernández Márquez (PRI), propuso exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) a que incremente las inspecciones en los centros laborales, con la finalidad de prevenir y detectar delitos en esta materia.
Indicó que en México, la trata de personas con objeto de explotación laboral en sus vertientes de servidumbre y trabajo forzado, de acuerdo con el Diagnóstico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, afecta principalmente a jóvenes y adultos explotados en el ámbito agrícola, sector comercial, bares e industria de la construcción.
En su mayoría, pertenecientes a grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad por consideraciones económicas, de género, étnicas, educativas, familiares y situación migratoria, especialmente hombres y niños.
A través de un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Especial Contra la Trata de Personas, Fernández Márquez relató que las entidades en que se ha logrado documentar mayor número de personas en situación de trabajo forzado en industria textil, maquila, mendicidad, trabajo doméstico, construcción, comercio informal, pirotecnia, entre otras, son Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, estado de México, Coahuila, Oaxaca y Campeche y Yucatán.
En el sector agrícola destacan las entidades que reciben mayor número de jornaleros: Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas.
En las observaciones finales sobre los exámenes periódicos Cuarto y Quinto consolidados de México del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas del 18 de junio de 2015, se recomienda al Estado mexicano en el párrafo 64: fortalecer su sistema de inspección y aplicar de forma efectiva, en la práctica, sanciones para quienes explotan económicamente y abusan de niñas y niños, incluidos los que trabajan como mendigos, en el trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, y en la agricultura.
Establece, asimismo, su preocupación por las medidas adoptadas, insuficientes para abordar el trabajo doméstico, que afecta especialmente a las niñas, así como la participación de menores en la agricultura que perjudica sobre todo a infantes de trabajadores agrícolas migrantes internos.
La diputada Julieta Fernández puntualizó que el Informe sobre Trata de Personas de 2017 del Departamento de Estado de EU recomienda a México fortalecer sus esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos de trata de personas y a los tratantes, especialmente a involucrados en estos delitos con fines de trabajo forzoso.
Sugirió incrementar las inspecciones laborales, pues en el Informe Anual de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, la STPS informó que en 2015 realizó 85 en campos agrícolas, para revisar sólo condiciones de seguridad e higiene de los jornaleros, sin abordar diversas actividades que pueden implicar trabajo forzoso, que deben ser inspeccionadas por las autoridades.
Los inspectores del trabajo capacitados pueden jugar un rol importante para detectar personas que estén en condición de víctimas de trabajo forzado, a los autores de la trata, y tomar medidas que podrían disminuir la explotación, tanto al final del ciclo de la trata, cuando las personas estén ya en situación de víctimas, como al principio, en la fase del reclutamiento, extendiendo la vigilancia a los reclutadores, como una política de prevención.
Las visitas deben ayudar a revisar los aspectos que establece la legislación laboral, y solicitar a los centros de trabajo que acrediten su cumplimiento, mediante la presentación de libros, registros u otros documentos con los que se compruebe el cumplimiento de las normas, hacer interrogatorios a los empleados y con ello aplicar el Protocolo de Inspección para Prevenir y Detectar la Trata de Personas en los Centros de trabajo.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2016, en el mundo 24.9 millones de personas estuvieron sometidas a trabajos forzados y 15.4 a matrimonios forzados. Es decir, 40.3 millones de personas estuvieron sometidas a condiciones consideradas por este organismo de la Organización de las Naciones Unidas, como formas contemporáneas de esclavitud.
Además, de 24.9 millones de personas sometidas a trabajo forzoso, 16 millones son explotadas en el sector privado, sobre todo en trabajo doméstico, la industria de la construcción y agricultura
