La extorsión dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en una amenaza contra la economía, la inversión, el campo, la construcción, la obra pública y las finanzas del Estado, advirtió el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar.
El legislador de Morena señaló que durante 2024 se estimaron aproximadamente 5.7 millones de extorsiones en México, mientras que la cifra oculta se ubicó cerca de 97%, lo que significa que sólo una pequeña proporción de los casos llegó al conocimiento de las autoridades.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 colocó a la extorsión entre los delitos más frecuentes, con una tasa estimada de 5 mil 971 hechos por cada 100 mil habitantes durante 2024.
“La inmensa mayoría de los hechos no llega efectivamente al sistema de procuración de justicia. El delito crece, pero casi nunca es denunciado, lo que provoca que haya muy pocas investigaciones y, por lo tanto, la impunidad sea enorme”, manifestó Ramírez Cuéllar.
Un cobro que afecta a toda la cadena productiva
El diputado describió la extorsión como un “impuesto criminal”, debido a que extrae recursos de trabajadores, comerciantes, empresarios, transportistas y productores, pero ese dinero no se convierte en servicios ni infraestructura pública.
“Es dinero que sale de los bolsillos de trabajadores, comerciantes, empresarios y productores, pero que no llega a las finanzas públicas ni se convierte en escuelas, hospitales, vivienda, infraestructura o programas sociales”, expresó.
Advirtió que los cobros ilegales también pueden encarecer la construcción de vivienda y la ejecución de obras públicas cuando afectan a contratistas, proveedores de materiales, transportistas o empresas constructoras.
Los recursos entregados a grupos delictivos pueden incorporarse a los costos de operación y trasladarse posteriormente a toda la cadena productiva, con efectos sobre los precios pagados por el Gobierno, las empresas y los consumidores.
“Cuando transportistas, contratistas, proveedores de materiales o empresas de construcción enfrentan cobros ilegales, esos costos pueden trasladarse a toda la cadena productiva. Es decir, la extorsión nos afecta a todos”, sostuvo.
Productores rurales también enfrentan cobros ilegales
Ramírez Cuéllar alertó que la extorsión no se limita a las zonas urbanas o comerciales, pues también afecta a productores del campo.
Indicó que en algunas regiones pueden presentarse cobros ilegales relacionados con la compraventa de ganado, el traslado de mercancías y la comercialización de granos y cosechas.
Estas prácticas, afirmó, reducen los ingresos de los productores, encarecen los alimentos, alteran las cadenas de distribución y ponen en riesgo la continuidad de pequeñas y medianas unidades económicas.
El legislador consideró necesario investigar cualquier indicio de participación, protección o tolerancia por parte de autoridades, corporaciones policiales o integrantes del sistema de justicia.
“Cuando existan indicios de protección política, participación de autoridades locales, integrantes de cuerpos de seguridad o actores del sistema de justicia, deben investigarse hasta sus últimas consecuencias”, enfatizó.
Inseguridad costó 269 mil 600 millones a los hogares
Ramírez Cuéllar recordó que la inseguridad y el delito, en su conjunto, representaron para los hogares mexicanos un costo estimado de 269 mil 600 millones de pesos durante 2024, equivalente a 1.07% del Producto Interno Bruto.
Además, las familias destinaron alrededor de 91 mil 800 millones de pesos a instalar cerraduras, protecciones, alarmas y otras medidas preventivas.
Estas cantidades corresponden al impacto general de la delincuencia y la inseguridad en los hogares, no exclusivamente a las pérdidas provocadas por la extorsión, según los resultados de la ENVIPE 2025.
Pide reforzar denuncia anónima e inteligencia financiera
El diputado llamó a continuar la aplicación del Acuerdo Nacional contra la Extorsión, aprobado en diciembre de 2025 por el Gobierno federal y las entidades del país.
El instrumento busca coordinar las acciones de los tres órdenes de gobierno, armonizar las legislaciones estatales, fortalecer la denuncia anónima y mejorar la investigación de este delito. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Ramírez Cuéllar propuso reforzar la protección a las víctimas, la inteligencia financiera, el seguimiento de cuentas y comunicaciones y la identificación de patrones territoriales.
“No es posible que 97% de los casos de extorsión no sean denunciados. Ello evidencia la necesidad de fortalecer la denuncia anónima, la protección a víctimas, la inteligencia financiera, el seguimiento de cuentas y comunicaciones”, indicó.
Finalmente, afirmó que combatir la extorsión debe convertirse en una prioridad nacional para cerrar espacios a la delincuencia, desarticular redes de impunidad y evitar que los recursos de las familias y las empresas terminen en manos de grupos criminales.