Una amplia y compleja red de 21 empresas, factureras y testaferros ligados a familiares y compadres de la candidata de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, Rocío Nahle, consiguieron un contrato jugoso por 6 mil millones de pesos en la construcción de la refinería Olmeca de Dos Bocas, cuando era la secretaria de Energía de la actual administración.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la empresa Grupo Huerta Madre, S.A.P.I de C.V, recibió el jugoso contrato de 6 mil millones de pesos el 24 de mayo del 2019, a pesar de que esta empresa fue constituida el 20 de mayo de ese año.
Tras un rastreo dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 21 empresas dadas de alta en casas particulares, locales comerciales de plazas comerciales y pequeños negocios de colonias populares de Veracruz y Tabasco, lograron obtener 4 mil 968 millones 878 mil 692.80 pesos en distintos contratos a través de las factureras que lograron facturar en distintos rubros, 562 millones 371 mil 213.80 pesos, lo que da un total de 6 mil 104 millones 530 mil pesos de inversión en contratos.
De acuerdo con lo revelado por el empresario veracruzano Arturo Castagñé Couturier en su red social X, son 21 empresas las que están ligadas con familiares de la ex secretaria de Energía y su esposo José Luis Peña Peña. Los involucrados a la candidata a la gubernatura de Veracruz son: Arturo y Enrique Quintanilla Hayek, Arturo Quintanilla Chavira, José o Josué y Jaime Quintanilla Ayache y Jorge Callejas Hayek, Víctor Manuel Carranza, Esmeralda Mora Zamudio, Jesús Martínez Monroy, Luis Mario Badillo García, Juan Carlos Fong Cortés, Daniel Flores Nava y Arturo Nahle Pascual, Manuel Santandreu Hernández, Juan Víctor Manuel Falcón Morales, Juan Armando Jiménez Magaña, Daniel Antonio Zurita Vélez y Juan Ulises Castillo Castillo. Los vinculados a José Luis Peña Peña son: Maribel, Lucía y Aída Peña Peña, Maribel Hoyos Peña, Ruth Peña Alvarado, Ariel Lara Boussart y Jesús Hernández García.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, la mayoría de las empresas ligadas a la familia de Rocío Nahle y José Luis Peña tienen domicilios fiscales en casas particulares, locales de plazas comerciales y pequeños negocios de colonias populares de Veracruz y Tabasco con teléfonos inexistentes, lo que revela que son empresas factureras para el desvió o la triangulación de activos.
Claro ejemplo son las empresas de Arturo y Enrique Quintanilla Hayek, cómo son: Grupo Huerta Madre, S.A.P.I de C.V, cuyo dueño, compadre de Rocío Nahle y fue dada de alta el 20 de mayo de 2019 con domicilio fiscal registrado en el local 32 de la plaza comercial “Cascadas”, ubicada en la calle Árboles 101 en Villahermosa, Tabasco que pertenece a un supermercado.
Empresa Gravas del Sureste SA de C.V, cuyo domicilio fiscal está dado de alta en la calle Avenida Gutiérrez Zamora 317 Coatzacoalcos, Veracruz, que corresponde a una casa particular de fachada blanca y techo de lámina oxidada.
En el caso de Maribel Hoyos Peña, sobrina política de Rocío Nahle, se le vincula con la empresa Milenio de Luz S.A de C.V con domicilio fiscal en la calle Alcocer 446 Centro Veracruz, Ver, cuya fachada son dos cortinas oxidadas en una colonia popular, la cual se dedica a la venta, renta, instalación y mantenimiento de plantas de luz, torres de iluminación.
La empresa Delta Administración Hayek S.A de C.V perteneciente a Jorge Callejas Hayek, sobrino de Arturo Quintanilla, no tiene un domicilio fiscal. En el caso de la empresa Bidcom Energy S A de CV, constituida en agosto de 2019 en Coatzacoalcos, Veracruz, con un capital social de 50 mil pesos, tampoco tiene un domicilio fiscal bajo el argumento que las oficinas centrales se encuentran en Estados Unidos.
De acuerdo con el acta de constitución disponible en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía (SE) establece que como presidente del Consejo de Administración de Bidcom Energy quedó registrado Josué Quintanilla Ayache y como secretario Jaime Quintanilla Ayache. La mayoría de estas empresas fueron dadas de alta con un capital social que oscila entre los 10 y 50 mil pesos durante el primer semestre de 2019 con la finalidad de triangular recursos para que no sean rastreados por las autoridades la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
