La consulta popular, como nuevo mecanismo democrático, debe efectuarse bajo el cobijo pleno del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que para alcanzar ese objetivo su responsabilidad debe quedar asentada en la Constitución Mexicana, ya que a pesar de existir una ley en la materia ésta no se ha cumplido, sostuvo el diputado Emiliano Álvarez López.
El legislador federal de Morena dio a conocer que el 7 de noviembre presentó, ante el pleno de la Cámara de Diputados, una iniciativa de reformas al Artículo 41 de la Carta Magna, con la finalidad de precisar y reglamentar las facultades del INE acerca de la organización y el desarrollo de consultas populares.
“El INE sería el responsable de organizar las consultas populares a nivel nacional y estatal, y de promover la participación ciudadana en las mismas. Además se encargaría de su difusión y discusión”, recalcó.
Álvarez López detalló que otro punto de su propuesta es que dicho organismo realice el cómputo total de las consultas populares, así como hacer la declaratoria de los resultados de cada una de ellas.
Explicó que pese a la aprobación de la Ley Federal de Consulta Popular, este ejercicio democrático no se ha cumplido a cabalidad. Un ejemplo de ello, recordó, ocurrió en 2015 cuando varias fuerzas políticas intentaron realizar una consulta popular, la cual fue rechazada por la sociedad porque no llegó a los espacios donde más apremiaba.
“Por eso creemos que la consulta popular debe ser una figura relevante para la participación informada y responsable de la sociedad en asuntos públicos”, subrayó el también integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Derivado de ello, insistió que la legislación debe dotar de certeza al INE en la implementación de las consultas populares, y que el mecanismo tiene que diseñarse para devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones. “Sin embargo, ello sólo se logrará en la medida que se cuente con un marco legal apropiado para reponer ese vacío constitucional”.
El diputado Emiliano Álvarez informó que aparte de dicha iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen, ese día también presentó otra iniciativa para modificar los Artículos 5 y 8 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, con el propósito de eliminar el rango de Director General como puesto sujeto al Servicio Profesional de Carrera.
“Desde hace varios años, México ha venido preocupándose por profesionalizar la administración pública y dotar de calidad a los servicios que dota el Estado”, justificó el legislador federal.
En ese sentido, apuntó que su iniciativa está enfocada a consolidar el servicio profesional de carrera a través de este tipo de medidas, como sería el nombramiento libre de personal directivo que cuente con plena confianza de su superior.
“Es necesario que se cuente con servidores públicos, que además de los ya establecidos por la de legislación, garantice la confianza, responsabilidad y celeridad que requieren las decisiones estratégicas en materia de planeación financiera, económica, monetaria, transacciones que se realicen con confidencialidad y reserva, cuidando siempre el interés público”, aseguró.