La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este miércoles al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, como parte de una investigación en la que lo señala por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. La institución le imputa los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
La detención fue realizada en el Estado de México como parte de una nueva etapa de las investigaciones emprendidas por la FGR, derivada del reanálisis de actuaciones ministeriales y de nuevos actos de investigación. La captura se suma a las diligencias que la institución mantiene para esclarecer el caso Ayotzinapa, en las que anteriormente también fue procesado el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Al informar sobre la detención, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que el exmandatario estatal es investigado por su presunta participación en la desaparición de pruebas consideradas relevantes para el esclarecimiento de los hechos registrados la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con la Fiscalía, Aguirre Rivero presuntamente ordenó desaparecer videograbaciones de cámaras de vigilancia ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales habrían registrado el momento en que corporaciones policiacas interceptaron uno de los autobuses en los que viajaban estudiantes normalistas.
Durante las investigaciones realizadas en años anteriores se sostuvo que dichas grabaciones no existían debido a presuntas fallas técnicas. Sin embargo, la FGR informó que nuevas diligencias permitieron recabar testimonios que apuntan a la existencia de ese material y a su presunto ocultamiento.
Según explicó Ernestina Godoy Ramos, uno de los testimonios corresponde a un colaborador que previamente informó sobre la existencia de las videograbaciones y la identidad de la persona que las retiró. Posteriormente, un segundo testigo protegido fortaleció esa línea de investigación al señalar que existió una instrucción para hacer desaparecer cualquier evidencia relacionada con los acontecimientos registrados aquella noche.
De acuerdo con la FGR, estos nuevos elementos fortalecen la hipótesis de que existió una operación para ocultar evidencia relacionada con los hechos ocurridos en Iguala, lo que forma parte de las líneas de investigación que actualmente integra el Ministerio Público Federal. Será la autoridad judicial la encargada de determinar la responsabilidad penal del exgobernador conforme avance el proceso.
La captura se produjo a casi 12 años de los hechos registrados la noche del 26 de septiembre de 2014, uno de los casos de mayor impacto en la historia reciente del país, que generó movilizaciones nacionales e internacionales y dio origen a diversas investigaciones.
Las indagatorias iniciales derivaron en la denominada “verdad histórica”, presentada durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Esa versión fue posteriormente cuestionada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por otras instancias nacionales e internacionales, que documentaron presuntas irregularidades, manipulación de evidencias y actos de tortura durante las investigaciones.
Ángel Aguirre Rivero, economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), gobernó Guerrero entre 2011 y 2014 y solicitó licencia al cargo semanas después de la desaparición de los normalistas, en medio de la crisis política y social que provocó el caso.
La FGR informó que el exmandatario enfrentará el proceso penal bajo el principio constitucional de presunción de inocencia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y determinar la posible responsabilidad de otros servidores públicos involucrados.
Hasta el momento de la publicación de esta información, la defensa de Ángel Aguirre Rivero no había emitido una postura pública sobre las imputaciones formuladas por la Fiscalía General de la República. Será un juez quien determine su situación jurídica conforme avance el proceso penal.