La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones sobre una presunta red de contrabando de hidrocarburos por vía férrea permitieron identificar una estructura empresarial y logística que habría provocado un daño patrimonial a la hacienda pública superior a los cuatro mil millones de pesos, derivado de miles de operaciones de importación presuntamente irregulares.
De acuerdo con un comunicado difundido este lunes, la investigación comenzó tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, los cuales representaban un riesgo para la población y para la seguridad industrial debido a las altas temperaturas y a que se desconocía el contenido de las unidades.
La FGR señaló que, a partir de inspecciones en campo, toma de muestras y diversos dictámenes periciales, la indagatoria se amplió hacia la cadena logística del combustible, lo que permitió localizar otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, además de reconstruir la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del hidrocarburo.
Según la dependencia, el análisis de pedimentos aduanales, facturas, cartas porte, documentación corporativa e información ferroviaria permitió identificar a la empresa importadora principal, constituida en 2018 en la Ciudad de México, así como la participación de José “N” y posteriormente de Ernesto “N” dentro de su estructura societaria.
La Fiscalía indicó que las investigaciones apuntan a que ambos participaron de manera conjunta en diversos actos corporativos, modificaciones societarias, otorgamiento de poderes, operaciones de comercio exterior, gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, así como en la administración general de la empresa.
Asimismo, aclaró que la investigación no deriva de motivos políticos, sino de los elementos obtenidos durante las diligencias ministeriales. En ese sentido, precisó que Ernesto “N” no es investigado por sus ideas o vínculos políticos, sino por su probable participación en las conductas delictivas que se indagan, al tiempo que reiteró que se respeta el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.
Como parte de las diligencias, la FGR informó que ha integrado 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales en química, ingeniería mecánica y eléctrica, criminalística, fotografía e identificación de hidrocarburos, con el objetivo de establecer la naturaleza del combustible asegurado, la capacidad de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados.
La dependencia recordó que previamente ya se había imputado un perjuicio fiscal superior a 100 millones de pesos relacionado con el aseguramiento de 170 ferrotanques en julio de 2025. Sin embargo, el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permitió detectar la reiteración de más de cuatro mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, cuyo impacto económico podría superar los cuatro mil millones de pesos, cifra que aún deberá acreditarse durante el desarrollo de la investigación.
Finalmente, la Fiscalía recordó que el delito de delincuencia organizada contempla la prisión preventiva oficiosa conforme a la Constitución, por lo que las personas imputadas por ese ilícito enfrentan restricciones procesales mientras continúan las investigaciones. Al mismo tiempo, enfatizó que el caso sigue en etapa de integración y que corresponderá a las autoridades jurisdiccionales determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas.