La Cámara de Diputados firmó un convenio general de colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el objetivo de compartir el uso gratuito de los sistemas electrónicos DeclaraNetplus y del Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas (SERC), para la declaración patrimonial y de intereses de sus servidores públicos y el registro de los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de su personal.
Al hacer uso de la palabra, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que mientras no haya castigo, no habrá corrección a fondo de conductas. “Esto tiene que hacerse en un corto plazo para que perdure”. Instó a los factores y actores políticos de esta Cámara a que contribuyan en esta tarea.
Manifestó que a nivel federal se instaló, por reforma constitucional, la Fiscalía General de la República, en lugar de la Procuraduría. “Este es un llamado a quien resulte responsable. No he visto que se castigue, por denuncia ante la Fiscalía, todavía a ningún funcionario. Es probable que hayan decidido —quienes han cometido corruptelas anteriores— cambiar de conducta o cambiar de piel”.
Manifestó su preocupación por la impunidad. Una cosa es la transparencia y otra cosa es la impunidad; una cosa es la imputación, y otra cosa es el castigo.
“Yo insto a las autoridades fiscales del país, que está ahí el resultado de nuestros trabajos, a que combatan los delitos y las faltas, que no permitan el reino de la impunidad”.
Muñoz Ledo señaló que en las encuestas de la semana pasada la Cámara de Diputados logró 74 por ciento de aprobación, contra el 76 por ciento de desaprobación que tenía cuando inició la legislatura.
“Yo ofrecí que en un año cambiaríamos la faz de la Cámara de Diputados, pero no es así en todas las partes de la administración todavía, ni desde luego en nuestro bicameralismo, pero la estridencia la dejamos para otros. Únicamente que se cumpla la ley; que cada quien haga su tarea”.
Esta es una tarea fundamental de la República y no se ha llegado al fin, sino al contrario, percibo que estamos comenzando”.
Destacó que hay sistemas electrónicos de anticorrupción, pero “quizá lleguemos en algún momento, o ya no haya razón para ello, a la anticorrupción penal. No como la vieja novela Crimen y Castigo. Si no hay castigo, el crimen queda a salvo”.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, afirmó que una de las prioridades de esta administración es combatir la corrupción y a su hermana siamesa: la impunidad.
La firma de convenio, dijo, permitirá que la Cámara de Diputados pueda prevenir, identificar y, en su caso, sancionar el conflicto de interés y el enriquecimiento ilícito de sus servidores públicos.
“Las declaraciones patrimoniales y de intereses no son un acto burocrático, no son sólo un mecanismo de rendición de cuentas, sino un instrumento para detectar y sancionar irregularidades, sobre todo hoy, que vamos a cruzar información de ingresos y movimientos financieros con el Servicio de Administración Tributaria”, aseguró la funcionaria”.
Expuso que con el trabajo interinstitucional entre la Cámara de Diputados y la Secretaría de la Función Pública se logrará con el intercambio de tecnología, capacitación e información necesaria, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, en la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como los procesos de entrega-recepción, a través del DeclaraNetplus, y el Sistema de Entrega Recepción y Rendición de Cuentas (SERC).
Subrayó que el objetivo es democratizar las tecnologías con el propósito de combatir la corrupción desde su raíz al hacer más fácil las declaraciones de los servidores públicos, así como la detección de conflictos de interés y el análisis de su evolución patrimonial.
Declaró que durante su función se logró que, por primera vez, el gabinete legal y ampliado, los subsecretarios de estado y los 32 delegados federales hicieran pública la totalidad de sus declaraciones patrimoniales y de intereses.
Además, el número de servidores públicos que decidió hacer pública su declaración sin ninguna reserva subió de 26 por ciento en 2018 a casi 40 por ciento en 2019.
Agregó que el pasado 7 de agosto el Comité Coordinador aprobó, por unanimidad, la modificación a los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses. Dicha propuesta es hoy más sencilla, cuenta con 368 campos que varían entre la declaración de inicio, modificación y conclusión en todos los casos, sólo se solicita la información necesaria para hacer el monitoreo de la evolución patrimonial y detectar conflictos de interés.
Para tener una referencia, el actual DeclaraNet tiene sólo 216 campos y el formato aprobado previamente que decidimos modernizar tenía contemplados 780, lo cual iba a superburocratizar el llenado de estos formatos, manifestó la funcionaria federal.
Destacó que el nuevo formato que próximamente se publicará en el Diario Oficial de la Federación conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tendrá un carácter nacional; es decir, será el que tendrá que utilizar los tres Poderes de la Unión, los organismos autónomos, así como todos los entes públicos en los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.
El contralor interno de la Cámara de Diputados, Jorge Torres Castillo, señaló que para hacerle frente a los grandes desafíos de la complejidad política, social y económica del país y a la generalizada cultura de la transgresión y el engaño, el Ejecutivo y el Poder Legislativo suman esfuerzos contra los privilegios obtenidos, por medio de la corrupción y la impunidad.
Apuntó que no es una tarea sencilla remontar los vicios arraigados en el desempeño de la función pública, porque el compromiso de servir es mayúsculo cuando el objetivo es la integridad.
Explicó que para que una fiscalización sea eficaz, es indispensable contar con registros electrónicos precisos que permitan al órgano de control administrar, identificar y procesar la información patrimonial de los servidores públicos y detectar oportunamente posibles responsabilidades administrativas, actos de corrupción o conflictos de interés y, en su caso, sancionar a los infractores y, de esta manera, inhibir la impunidad.
Precisó que con la firma de este Convenio General de Colaboración, la Secretaría de la Función Pública y la Cámara de Diputados intercambiarán tecnologías, capacitación e información, a fin de fortalecer las actividades y procedimientos de la Contraloría Interna de esta Cámara.
Detalló que en una primera etapa se determinarán los requerimientos técnicos y tecnológicos para implementar las reglas del sistema llamado DeclaraNetplus y del Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas, donde los servidores públicos de la Cámara y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrán, vía electrónica, presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses ante la Contraloría Interna y la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF.
En un segundo momento, relató, habrá acciones que permitan mejorar los procedimientos generales de gestión, seguimiento de auditorías e impulso a los trabajos conjuntos en materia de ética, transparencia y combate a la corrupción en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
