El Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de la Función Pública firmaron un convenio de colaboración que tiene por objeto evitar que los programas sociales a cargo del Gobierno de México y de sus entidades sectorizadas sean utilizados con fines político-electorales en los comicios federales y locales.

La firma del convenio, que tuvo como testigo de honor a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, establece un mecanismo de colaboración entre la autoridad electoral y el Gobierno Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, las instituciones se comprometen a desarrollar sus actividades con estricto apego a una cultura de legalidad y de transparencia, y a fortalecer los valores democráticos entre los servidores públicos y la sociedad en general, con el objetivo de impedir cualquier manipulación de los programas sociales en favor de algún partido o candidato.

En la sede del INE, el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello subrayó que “no hay democracia cuando los programas sociales se usan con fines electorales”, por lo que se busca garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos y generar las condiciones para el ejercicio de un voto libre.

El convenio, dijo, establece un mecanismo de colaboración para que “impulsemos una estrategia preventiva y las acciones necesarias para evitar que la operación de programas sociales influya en cualquier forma o sentido en los procesos electorales federales, locales y concurrentes”.

El desvió de recursos públicos destinados a la población con mayores necesidades para fines político-electorales “representa no sólo un acto ilegal sino también una grave vulneración a los derechos sociales y un ataque frontal a la vida democrática y a la cohesión social”, afirmó Córdova Vianello, al sostener que el INE será implacable en la aplicación de las sanciones.

Ante la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González y el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, el Presidente del INE reconoció el compromiso del Gobierno Federal con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

Explicó que la Secretaría del Bienestar y la de la Función Pública (cuya titular firmó previamente el instrumento) se comprometen a proporcionar al INE toda la información relacionada con el padrón de beneficiarios de los programas sociales en las entidades que celebren elecciones; así como el procedimiento con base en las reglas de operación para la entrega de los beneficios establecidos en dichos programas, y la información necesaria sobre los servidores públicos encargados de distribuir los mencionados apoyos.

En su intervención, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ratificó el compromiso del gobierno actual de que los programas sociales se mantendrán ajenos a cualquier sesgo o favoritismo partidista.

“Con la firma de este convenio, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador acredita con hechos su voluntad y decisión para desterrar de la competencia electoral cualquier influencia o injerencia indebida o ilegal de servidores públicos”, estableció.

Sánchez Cordero subrayó que es en la operación de los programas sociales y en el uso de sus recursos en donde se han producido los problemas que bien conoce la sociedad y el Instituto Nacional Electoral lleva años tratando de evitarlos, por lo que el convenio tiene el propósito de asegurar que sean utilizados con estricto apego a la Constitución y a las leyes.

Enseguida la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, ratificó el compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

“Somos conscientes que el dinero de los programas sociales nunca más debe de utilizarse con fines políticos o electoreros. Tampoco vamos a solapar delitos cometidos por los servidores públicos y menos con los recursos destinados a atender a las personas que viven en situaciones vulnerables y de pobreza”, sostuvo.

Por ello, reafirmó que durante los procesos electorales que se llevarán a cabo, éste y los siguientes años se fortalecerán los mecanismos de control para el ejercicio transparente y correcto de los recursos públicos.

El convenio tiene fecha de vigencia el 30 de septiembre de 2024; es decir, este compromiso se extiende hasta el último día de la actual administración federal y crea un Comité de Seguimiento y Evaluación del que formarán parte el titular de la Dirección Jurídica del INE, el titular de la Unidad de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública y la titular de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría el Bienestar.