El Instituto Nacional de Formación Política de Morena llevó a cabo un foro en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, para explicar la propuesta de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, destinada a modificar el Poder Judicial.
En el evento participaron como ponentes Federico Anaya, académico de la UNAM y especialista en Ciencias Políticas; Brisa Gallegos, enlace distrital de Morena en la GAM; y el alcalde electo de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano.
Federico Anaya, durante su intervención, explicó que el sistema de justicia actual está distorsionado y favorece solo a quienes pueden pagarlo. Resaltó que la propuesta del presidente López Obrador, que se discutirá a partir del 1 de septiembre, plantea elecciones populares para elegir a jueces, magistrados electorales y ministros de la Suprema Corte, buscando un Poder Judicial más cercano al pueblo.
La reforma judicial propone que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos mediante votación popular. El Senado deberá verificar que los candidatos cumplan con los requisitos legales, y el INE se encargará de organizar la elección y el conteo de votos.
Anaya señaló que la reforma busca reducir el número de ministros de la Suprema Corte de once a nueve, y que sus salarios sean inferiores al del presidente de México, es decir, 174 mil pesos mensuales. Actualmente, cada ministro percibe un salario mensual de 297 mil 403 pesos.
Janecarlo Lozano, alcalde electo de Gustavo A. Madero, criticó que la justicia favorece a quienes tienen solvencia económica, argumentando que las autoridades judiciales emiten sentencias en favor de intereses privados. Citó que en 2024 se registraron 258 mil criterios de este tipo, de los cuales solo unos pocos se relacionan con derechos esenciales como el agua, vivienda, y educación.
Lozano también criticó que un ministro retirado de la Suprema Corte cuesta al erario público 27.2 millones de pesos anuales, a pesar de que la ley establece que nadie debe ganar más que el presidente.
Brisa Gallegos afirmó que la reforma judicial eliminará las pensiones vitalicias para los ministros, reducirá sus cargos de 15 a 12 años y establecerá su renovación cada tres años durante las elecciones federales ordinarias.
