El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) efectuará acciones específicas, para cumplir con las modificaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, que impactan en su estructura interna, con el objetivo de optimizar el uso de recursos públicos, garantizando cabalmente su funcionamiento ordinario.
Así lo expuso la Consejera Presidenta, Patricia Avendaño Durán, en conferencia de prensa, convocada por el Consejo General de este organismo autónomo, para fijar una postura Institucional, luego de que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la madrugada de este viernes el Dictamen de la referida reforma al Código, la cual derivará en la eliminación de cinco áreas del IECM.
La Consejera Presidenta del IECM sostuvo que este Instituto redoblará esfuerzos, para continuar con el desarrollo de acciones en favor de la ciudadanía capitalina, y será el propio organismo autónomo el que diseñe e implemente las acciones necesarias para atender las disposiciones establecidas en el Dictamen, garantizando la protección de los derechos laborales del personal que resulte afectado por esta situación.
Como parte de la postura institucional, las Consejeras y los Consejeros Electorales aseguraron que el IECM analizará la vía jurídica que seguirá, para promover posibles recursos de revisión al Dictamen aprobado por el Congreso capitalino, pero sin dejar de cumplir con lo dispuesto en las modificaciones al Código.
Las Consejeras y los Consejeros Electorales enfatizaron que, independientemente de la vía jurídica que determinen seguir, el IECM acatará las disposiciones establecidas en las reformas al Código, toda vez que este organismo autónomo es respetuoso de lo que le mandata la Ley.
Al respecto, el Consejero Electoral Ernesto Ramos Mega especificó que se realizará un plan de trabajo y una revisión integral de la estructura interna de todo el IECM, a través de un estudio que arroje datos técnicos y objetivos, para determinar las modificaciones en sus áreas, las cuales deberán ser aprobadas por el Consejo General.
En su oportunidad, la Consejera Electoral Sonia Pérez Pérez señaló que se agotarán las vías jurisdiccionales en defensa de la autonomía del IECM, y habló sobre los efectos inmediatos que tendrán las modificaciones al Código, en materia de igualdad de género y derechos humanos, en virtud de que el Instituto tiene actividades previstas para los grupos de atención prioritaria, con los que trabaja a través de la Unidad Técnica que gestiona esos temas, y que es una de las que desparecerá con la reestructuración ordenada en el Dictamen aprobado por el Congreso local.
A su vez, la Consejera Electoral Erika Estrada Ruiz reiteró que el IECM está obligado a seguir cumpliendo con sus atribuciones, y con base en ellas, seguir atendiendo a la ciudadanía; al respecto, mencionó que deben seguirse desempeñando las funciones que ya realizan las unidades técnicas, como lo es la fiscalización en el ámbito local, al no ser competencia de la autoridad nacional.
En tanto, la Consejera Electoral Carolina del Ángel Cruz sostuvo que todas las áreas del IECM están relacionadas con la perspectiva de género y derechos humanos, lo cual no significa que haya duplicidad de funciones en las áreas, por lo que ahora habrá una sobrecarga de trabajo en el personal.
En su intervención, el Consejero Electoral Bernardo Valle Monroy reiteró que el IECM hará una revisión muy seria de su estructura, poniendo como prioridad el cumplimiento y cuidado de sus atribuciones para que éstas se realicen adecuadamente.
Por su parte, el Consejero Electoral Mauricio Huesca Rodríguez abundó que se evalúa qué recurso de impugnación interpondrá el IECM para revertir las modificaciones aprobadas por el Congreso local, en virtud de que podrían recurrir ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante un Juicio de Revisión Constitucional o un mecanismo análogo, para lo cual tienen cuatro días, a partir de la publicación del dictamen; y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una Controversia Constitucional, en cuyo caso, se tienen 30 días para activarla.