CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México detectó un total de 1,200 empresas con posibles esquemas de subcontratación (outsourcing) ilegal que concentran a 862,489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se explicó que se investiga a las compañías que violan la ley y que en el último mes de 2019 despidieron de manera masiva a miles de trabajadores.
“Fueron 380,000 trabajadores despedidos en diciembre y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar impuestos.
Queremos informar sobre este tema porque ya se modificó la ley, por lo cual ya es un delito la evasión de impuestos. Vamos a actuar y se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos”, refirió el mandatario federal.
La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Maria Alcalde, explicó que las prácticas de subcontratación ilegal han ido creciendo en el país, pues para el 2019 se contabilizan 5 millones de trabajadores en este esquema y 6,000 empresas que realizan subcontratación abusiva.
El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, exhortó a las empresas a no hacer uso del outsourcing o subcontratación ilegal y a que se acerquen a las autoridades correspondientes para regularizar su situación, pues ahora la ley permite castigar a quienes lleven a cabo esta práctica.
El funcionario indicó que luego de las reformas hechas, ahora es posible perseguir como delincuencia organizada a todas aquellos empleadores que mantengan esquemas de subcontratación ilegal para evadir impuestos.
“La reforma va encaminada a castigar a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing de manera ilegal, cuyo único objeto es no pagar las cuotas de seguridad social”, expuso y agregó que quien reciba este servicio, corre el riesgo de ir a la cárcel sin derecho a fianza.
Romero Aranda mencionó que quien contrate servicios de outsourcing ilegal o de compra de facturas falsas, incurrirá en el delito de delincuencia organizada y puede tener una condena de hasta 14 años de prisión.
Por ello, el procurador fiscal exhortó a las empresas que han utilizado el outsourcing o subcontratación ilegal a que se acerquen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Servicio de Administración Tributario (SAT) para regularizar su situación.
Las grandes empresas que operan en este esquema de outsourcing ilegal son mineras, de servicios informáticos, call centers y producción de alimentos, entre otras, informó el director del IMSS, Zoe Robledo.
“En siete operativos se detectaron 10,000 trabajadores contratados y 36 empresas subcontratistas involucradas. Se detectó que usan un sistema sofisticado de empresas que movían la nómina, saltaban a otras empresas. Se realizaron acciones concentradas en siete operativos especiales a grandes empresas como de servicios informáticos, call centers, mineras y producción de alimentos”, explicó.
Robledo expuso que detectaron que 1,053 empresas dieron de baja a toda la nómina durante diciembre, afectando a 14,000 trabajadores.
“Estas prácticas agresivas de subcontratación afectó a más de 64,000 trabajadores en México. Esas empresas no son pequeñas, tienen contratados desde 101 hasta 500 empleados, se detectó en los operativos la estacionalidad y las empresas que dieron de baja a grupos muy grandes”, señaló.
No descartó que haya empresas que desconocen estas prácticas ilegales que les afectarán porque se someterán a revisiones dentro de los operativos organizados por las dependencias como la Secretaría del Trabajo, el SAT, Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal.
“Las acciones son inspecciones laborales por parte de la Secretaría del Trabajo, revisiones fiscales a través del IMSS, Infonavit, el SAT y la UIF. Se les invita a los patrones a que se regularicen. Hay integración de expedientes por parte de la Procuraduría Fiscal como defraudación fiscal, es el grupo de trabajo”, expuso.
El funcionario federal añadió que durante este año se seguirán los operativos conjuntos porque ha habido reformas legales para proteger los derechos de los trabajadores.
“Vamos a continuar de manera intensa aplicando este trabajo coordinado para algo que está desde hace años en el sentir de los mexicanos. Nadie puede entrar en estos esquemas, se le pide a los patrones reales que lo abandonen. No se puede seguir lucrando con los derechos de los trabajadores”, finalizó.