Pobladores, académicos y abogados denuncian que la administración de Eruviel Ávila Villegas hizo entrega del bosque de Jilotzingo a la empresa inmobiliaria Bosque Avivia a pesar de que en dicha zona hay más de mil 500 especies, algunas de ellas en peligro de extinción, como el ajolote y el gato montés.
El proyecto Bosque Diamante es encabezado por los empresarios Francisco Javier y Ricardo Funtanet Mange, quienes, según pobladores y expertos se hicieron valer de documentación falsa para construir más de 18 mil viviendas sobre 238 hectáreas de bosque de encino, lo que representa alrededor de 200 mil árboles, aproximadamente la cantidad que existe en el bosque de Chapultepec.
Rastreando los antecedentes de Ricardo Fontanet, se pudo detectar que tiene un hermano que se llama Francisco Javier Fontanet, quien había sido diputado en el estado de México teniendo fuertes vínculos con el grupo Atlacomulco.
Además de que está en riesgo la parte cultural del municipio por todo el conocimiento tradicional almacenado en esta zona rural si se empieza a urbanizar.
“La Conabio misma estuvo en contra del proyecto. La manifestación de impacto ambiental no incluyó esos datos. Dijeron no tuvimos respuesta de Conabio y eso no es cierto, Conabio dijo que sí respondieron y no dieron el visto bueno porque además están revelando que hay diferentes especies en peligro de extinción”, reveló Víctor Ávila Akerberg, especialista en restauración ecológica e investigador del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Ante las pruebas presentadas por los pobladores, el juez Décimo de Distrito del Estado de México dio una suspensión definitiva al proyecto, lo que quiere decir que no se puede hacer nada en el terreno hasta que no se resuelva el juicio de amparo.
Florentino Morales, habitante de Jilotzingo, comenta que la tala clandestina les ha afectado muchísimo porque se llevan los mejores árboles y dejan la basura, la cual termina convirtiéndose en combustible para los incendios.
“Es difícil porque son grupos que cada vez se organizan más y están armados, entonces es un peligro para las autoridades de bienes comunales y ejidales… aquí hay contubernio de las autoridades municipales porque como son predios particulares, pues dan permisos a cambio de una lana y eso es corrupción”, comenta Morales.
Rubén Mayen, representante de comuneros de la organización Pueblos Unidos para el Desarrollo Sustentable y ex presidente municipal, señala que en la administración 2010-2012 se hizo una consulta ciudadana para cambiar el uso de suelo para lo cual ejercieron presión empresarios y ejidatarios terminaron vendiendo sus parcelas.
Por otra parte, en agosto de 2017 se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México la autorización para el conjunto urbano Bosque Diamante y una semana antes se autoriza la creación de un fraccionamiento para mil 500 casas en el ejido de Espíritu Santo.
Existen leyes y decretos para la preservación de Jilotzingo. Desde 1933 fue protegido por el gobierno federal con dos decretos que hablan de proteger la cuenca del río Tlalnepantla, además en 1944 se crea una reserva ecológica en el ejido de Espíritu Santo.
Sin embargo, Mayen indica que dichos documentos son desconocidos por la población y las autoridades del municipio, e incluso podrían serlo para el gobierno del estado.
Felipe Neri Narváez, abogado por la Escuela Libre de Derecho, expuso que la mayoría de los documentos no cuentan con el reglamento jurídico para conseguir esa autorización, por lo que se interpuso un juicio de amparo en contra de estas autorizaciones estatales y municipales que dieron luz verde a esa obra.
Explicó que se obtuvo un juicio de amparo el cual puede durar uno o dos años, “pero con la suspensión se ha dado un paso muy importante… lo que logramos a inicios de este mes fue una suspensión definitiva contra los actos de autoridad que implican que nadie puede seguir talando en el área destinada a Bosque Diamante entre tanto no acabe el juicio”.
Asimismo destacó que una violación a esta orden judicial es un delito federal, por lo que se está en comunicación constante con los vecinos para que si alguien tala un árbol más, se tomen las acciones judiciales de orden penal en contra de quien lo realice.