Grupos inmobiliarios, son un enemigo en común de los ejidatarios en Yucatán

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Comunidades de los municipios en Yucatán enfrentan despojo de tierras, es una problemática histórica y vigente relacionada con los grupos desarrolladores y empresas inmobiliarias. El despojo de tierras ejidales en Yucatán es una problemática que viven cada día muchas comunidades en los municipios, sobre todo en los conurbados donde arrebatan las tierras en busca de construir asentamientos habitacionales y aprovecharse de las aguas del subsuelo, que a la larga llegan a contaminar, es decir que se convierten y llegan a tener un enemigo en común: como lo es el sector inmobiliaria y sus respectivas empresas de desarrollos habitacionales, denuncia la abogada y activista, Carla Escoffié.

En entrevista señaló que tanto ejidos como territorios, predios ocupados por pueblos indígenas son suelos que muchas veces se han tenido sin ningún tipo de intervención, característica que los hace deseables para desarrollos inmobiliarios, además estos grupos inmobiliarios se han convertido en grupos de presión para que utilizando a líderes ejidatarios provoquen conflictos y se vayan quedando con tierras para sus grandes desarrollos inmobiliarios.

Ante estas perversidades y situaciones que se viven la abogada hizo hincapié en la necesidad de que las comunidades se organicen y se mantengan unidas para ir en conjunto por la defensa de sus territorios. Asimismo, mencionó los mecanismos legales, tal es el caso de los amparos federales, mecanismo a los que recurrieron la comunidad de Ixil para la defensa de su territorio y que con la ley en la mano y conforme a derecho han logrado revertir; pero que las autoridades competentes de la procuración de justicia y delegaciones federales están solapando y no actúan con firmeza.

La comunidad maya de Ixil, ubicada en el municipio homónimo, logró la clausura del megaproyecto inmobiliario Cedrón, desarrollado por Grupo FIAT y ECOPSA Desarrollos en Yucatán. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura el 28 de noviembre después de la denuncia por daños al territorio ancestral y medio ambiente. Sin embargo, denunciaron que las empresas siguen ingresando trabajadores, violando los sellos de clausura. Solicitan a los inspectores de Profepa un seguimiento adecuado para hacer cumplir la clausura.

La comunidad denunció que el proyecto inmobiliario también aumenta el riesgo de inundación de su pueblo, que en el año 2020 sufrió serias inundaciones, pérdidas de cosechas, animales domésticos, y sus inmuebles.

“Sabemos que la deforestación aumenta gravemente la vulnerabilidad de nuestra comunidad ante huracanes y tormentas tropicales, los cuales serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático”. “El desarrollo Cedrón está vendiendo lotes y deforestando un área forestal sumamente cercana a Ixil, lo que supone riesgos graves para nuestra subsistencia, dado que nuestra comunidad depende de la agricultura tradicional maya, la cual requiere la conservación de amplias áreas de selva para funcionar y es incompatible con la deforestación de áreas extensas”, denunció la comunidad. Asimismo, indicaron que el megaproyecto Cedrón no es el único que está afectando negativamente a Ixil; acusan que las familias Abimerhi y Millet pretenden apropiarse de 350 hectáreas al norte de la comunidad, en un área distinta al megaproyecto Cedrón, el cual se ubica al oriente de Ixil.

“Este despojo se intenta consumar a través de una orden de aseguramiento emitida de manera ilegal por la Fiscalía General del Estado (FGE), y del hostigamiento permanente a la comunidad por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”. A través de un comunicado, la comunidad de Ixil denunció la malversación de recursos públicos estatales en beneficio del intento de estas dos familias de apropiarse de estas tierras. La policía ha implementado onerosos operativos en la comunidad desde el 17 de agosto, para intimidar y hostigar a la población de Ixil e interferir en sus actividades productivas. Ixil, es una localidad ubicada aproximadamente 45 kilómetros al noreste de Mérida, donde acusan que el proyecto inmobiliario ya ha vendido casi todos los lotes de la primera etapa, que “cuenta con un total de 490 lotes residenciales que van desde los 160 m2 hasta los 572 m2”