Luego del surgimiento de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, en México se han registrado casos de agresiones físicas y verbales contra enfermeros y médicos que atienden a pacientes por COVID-19. En este contexto, el Congreso planteó la necesidad de reformar el Código Penal Federal.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados logró el consenso de los legisladores de todas las bancadas políticas que se mostraron a favor de imponer de uno a diez años de cárcel a quien violente al personal médico.
Sin embargo, la reforma al Código Penal Federal no podrá entrar en vigor en lo inmediato, pues la Cámara de Diputados deberá votar el dictamen en el pleno, y esto se dará una vez que las autoridades sanitarias consideren que ha disminuido la posibilidad de riesgo en las concentraciones dentro del espacio público.
La Comisión de Justicia convocó a un encuentro virtual con los diputados que integran el grupo de trabajo en la que se discutió y aprobó el proyecto de dictamen tras el análisis de 14 iniciativas para salvaguardar al personal médico público y privado.
Luego del surgimiento de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, en México se han registrado casos de agresiones físicas y verbales contra enfermeros y médicos que atienden a pacientes por COVID-19. En este contexto, el Congreso planteó la necesidad de reformar el Código Penal Federal.
La diputada panista Pilar Ortega Martínez, que preside esta comisión, dijo que la intención principal es castigar los diversos delitos cometidos en contra de personal del Sistema Nacional de Salud en el contexto de una emergencia sanitaria.
“Se propone establecer una sola calificativa que agrave la sanción que reciba una persona por cualquier delito cometido en contra de personal del Sistema Nacional de Salud, de cuerpos que presten servicios de emergencia o de las Fuerzas Armadas en funciones de auxilio”, expuso en su intervención.
El artículo 190 del Código Penal Federal, de aprobarse la reforma, quedaría así: “Al que cometa un delito contra el personal del Sistema Nacional de Salud, los cuerpos que presten servicios de emergencias o de las Fuerzas Armadas, en funciones de auxilio en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas durante el tiempo que corresponde a una contingencia sanitaria, emergencia o desastre natural, declarado en términos de la ley por la autoridad competente, se le impondrá de uno a diez años de prisión, además de la pena que le corresponda por el delito cometido”.
La Comisión de Justicia también informó de la ampliación de las razones que actualizan el delito de discriminación, pues en la legislación vigente no se prevé ninguna que permita la actualización de este delito en los casos de las conductas relativas a la condición laboral de la persona. Por ello, se plantea la incorporación de dicha razón y que la conducta se circunscriba a la mitigación de la emergencia sanitaria o desastre natural, para que la redacción se armonice con la calificativa que se propone.
“Se aplicará la sanción de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa, al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas y condición laboral o desempeño de actividad relacionada con la mitigación de una emergencia sanitaria o desastre natural”. Ello, para que se pueda sancionar dentro del delito de discriminación.
De igual modo, la diputada Ortega Martínez explicó que se proponen sanciones administrativas en la Ley General de Salud, en donde se modificaría el artículo 427 para establecer que a la persona que realice o inste a realizar actos de violencia en cualquiera de sus modalidades contra el personal de salud, se les apliquen las sanciones a las que se refiere ese ordenamiento. En la misma ley se destacan algunas conductas que deben ser consideradas como discriminación y se hacen ubicaciones en el propio régimen transitorio, para armonizar la legislación, de acuerdo con el documento tratado en la reunión.
La panista María del Rosario Guzmán pidió a todos que apoyemos la protección del personal de salud desde todos los frentes y desde nuestra trinchera. “El dictamen está plasmado de buena fe y no está pintado de ningún color”.
La diputada morenista Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García señaló que el dictamen busca garantizar la seguridad del personal médico, así como de las Fuerzas Armadas, durante una emergencia sanitaria.