“No podemos permitir que el cuidado de la salud mental de las mujeres se convierta en una condena”, advirtió la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez al presentar un punto de acuerdo ante el Senado de la República para investigar presuntos tratos inhumanos y condiciones de tortura en el Hospital de Salud Mental de Mujeres ‘José Sáyago’, ubicado en Tepexpan, Estado de México.
La legisladora alertó que las 114 pacientes internas en el nosocomio podrían estar viviendo bajo un régimen de reclusión punitiva, lejos de un modelo de atención integral y con enfoque de derechos humanos. Las acusaciones, dijo, apuntan a prácticas degradantes, aislamiento forzado y procedimientos que podrían constituir tortura disfrazada de atención médica.
El exhorto presentado en la Cámara Alta plantea una ruta institucional para esclarecer los hechos y garantizar la integridad física y psicológica de las mujeres internadas. En concreto, se solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de Salud del Estado de México para que rinda un informe detallado sobre la situación del hospital y el estado clínico de las pacientes.
Asimismo, se pide la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) para realizar una inspección inmediata y, en su caso, emitir medidas cautelares de protección. De manera paralela, la Secretaría de Salud federal deberá revisar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, que regula la prestación de servicios de salud mental y atención psiquiátrica en el país.
Vulnerabilidad y opacidad institucional
El Hospital de Salud Mental de Mujeres “José Sáyago”, ubicado en la comunidad de Tepexpan, ha sido señalado en diversas ocasiones por organizaciones civiles y familiares de pacientes por presuntas irregularidades en el trato hacia las internas. Aunque las autoridades estatales no han emitido hasta ahora un posicionamiento detallado sobre las nuevas acusaciones, el caso vuelve a colocar en el centro del debate la supervisión de instituciones psiquiátricas en México.
Especialistas en derechos humanos advierten que los centros de salud mental, por su propia naturaleza de encierro prolongado, requieren mecanismos de vigilancia externa constantes para evitar abusos de autoridad, violencia de género y prácticas contrarias a estándares internacionales.
En México, la atención psiquiátrica ha sido objeto de reformas legales en los últimos años con el objetivo de transitar hacia un modelo comunitario y desinstitucionalizado. Sin embargo, la implementación enfrenta rezagos presupuestales y operativos, particularmente en entidades con alta demanda de servicios.
Un llamado a rendición de cuentas
La propuesta impulsada por la senadora busca no solo deslindar responsabilidades, sino garantizar que el Hospital “José Sáyago” opere bajo estándares de legalidad, ética médica y respeto irrestricto a los derechos humanos.
“El diagnóstico médico no puede ser una sentencia de abandono o violencia”, sostuvo la legisladora, al subrayar que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a las mujeres en situación de internamiento psiquiátrico, consideradas población de alta vulnerabilidad.
El Senado deberá analizar el punto de acuerdo en comisiones, mientras crece la expectativa sobre una posible investigación formal que esclarezca si en el centro hospitalario se vulneraron derechos fundamentales.
La situación coloca nuevamente sobre la mesa la deuda histórica en materia de salud mental y supervisión institucional, en un país donde la estigmatización y el aislamiento han sido prácticas recurrentes en el tratamiento psiquiátrico.
