El robo de combustible o huachicoleo a Petróleos Mexicanos (Pemex) se volvió en los últimos años un problema creciente y atractivo para las bandas criminales, ya que mientras en 2003 la petrolera reportó 152 tomas clandestinas, entre enero y octubre del año pasado la cifra se elevó a 12 mil 581, a las que hay que sumar el robo de pipas.
La palabra “huachicol” viene de tiempos remotos y siempre bajo connotaciones ilegales, pues según la Academia Mexicana de la Lengua, le da el nombre a una bebida adulterada con alcohol, principalmente de caña; sin embargo, este adjetivo tomó otro significado para el país: el hurto de gasolinas.
En los últimos 15 años, Pemex reportó 46 mil 717 tomas clandestinas en diversas entidades del país, ilícito que genera pérdidas a la petrolera, las cuales el gobierno actual estima en 60 mil millones de pesos anuales, producto del crimen organizado y la complicidad, en su momento, de empleados de la empresa.
Un análisis del director Ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey, Luis Alberto Serra Barragán, en conjunto con Fabian Carranza, revela que el ecosistema ideal para este problema es aquél donde el marco regulatorio y el Estado de derecho son débiles y las autoridades y cuerpos de seguridad corruptibles.
En la primera década del siglo XXI, Veracruz, Coahuila y Sinaloa fueron las regiones con mayor número de tomas clandestinas, pero la década actual muestra que el negocio del robo de hidrocarburos cobró fuerza primero en Tamaulipas y, después en el centro y occidente del país: Puebla, Guanajuato, Hidalgo y Jalisco.
Tan solo de enero y octubre de 2018, Puebla encabezó el ranking de tomas, al registrar mil 815, seguida por Hidalgo con mil 736, Guanajuato mil 547, Veracruz mil 338, Estado de México mil 268 y Jalisco con mil 263, según datos de Pemex.
El analista de la consultoría especializada GMECE, Gonzalo Monroy, señaló a Notimex que aunque no hay cifras exactas, estimaciones calculan que el robo diario de combustible en el país alcanza los 40 mil barriles, de los cuales el 50 por ciento es producto de las tomas clandestinas y el restante del robo en pipas.
Para el especialista, la pérdida económica de 60 mil millones de pesos puede ser mayor, pues no solo consta del huachicoleo, sino de las mermas que este ilícito provoca, ya que el combustible derramado en ocasiones, cuando se perfora el tubo, se contabiliza en este rubro.
“Todo mundo cree que el huachicoleo es solo lo robo de gasolina, pero el robo de combustible va más allá, ya que también se están robando el crudo en Veracruz, en la Cuenca de Burgos los líquidos de gas natural. Eso refleja la vulnerabilidad del Estado mexicano frente a sus recursos, ese es el problema más grande”, afirmó.
Monroy señaló que la estrategia iniciada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede solucionar problemas en el corto plazo, pero recomendó ir en contra de los grupos criminales que operan en las regiones, como el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Un estudio elaborado por la empresa EnergeA, proyectos de energía de Grupo Atalaya, encargado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), expone que detrás de este problema está el narcotráfico, grupos armados, bandas criminales de bajo impacto, gasolineros, empleados y exempleados de Pemex, autoridades de seguridad pública, empresarios y comunidades.
“Se sabe que el Cártel del Golfo almacena combustible en sus narco-campamentos, pues en el momento en que las autoridades han asegurado dichos narco-campamentos, han encontrado combustible almacenado, además de armas de fuego, municiones y equipo táctico”, indica el documento.
Expone que los miembros del cártel de Sinaloa están asociados a la extracción de gasolina y diésel del poliducto Culiacán-Topolobampo, donde Mario Alejandro Aponte Gómez, “El Bravo”, era hasta su muerte en abril de 2015, se encargaba de robar los hidrocarburos en Culiacán.
En tanto que en la región Silao-Irapuato-Salamanca, el estudio señala que elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación sustraen combustible del poliducto Salamanca-Guadalajara (zona que fue intervenida por el gobierno actual).
En una entrevista televisiva, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, señaló que en la zona del Bajío, algunos gasolineros manipulaban sus facturas para registrar la venta de pipas de combustible robado.
“Había algunas gasolineras que habían reportado un flujo volumétrico y que en realidad tendrían otro. Eso quiere decir que posiblemente, hay gasolineras que estaban vendiendo el producto robado, no puedo decir cuáles. Había manufactura manipulada, esto quiere decir que gasolineros decían ‘compré 100 litros, pero tenían 200”, detalló.
Tan solo en 2017 se clausuraron alrededor de 80 estaciones de servicio, las cuales no tuvieron la capacidad de comprobar la procedencia lícita de los combustibles que comercializaban, detalla el reporte anual de Pemex.
La empresa también presentó 10 mil 78 denuncias por delitos relacionados con el mercado ilícito de combustibles, de las cuales sólo en mil 162 hubo vinculación a proceso penal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
También fueron detenidas en flagrancia mil 827 personas en ilícitos relacionados con el mismo fenómeno; en todos esos casos Pemex presentó denuncias ante la PGR; sin embargo, sólo en 6.0 por ciento de ellos el Poder Judicial impuso la prisión preventiva como medida cautelar.
En un video que subió a sus redes sociales este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo enfático que el gobierno no se dará por vencido para terminar de una vez por todas con robos y saqueos.
“Quieren jugar a las vencidas, (pero) no van a poder con la voluntad del pueblo de que se acabe ya, de una vez para siempre, la corrupción y la impunidad. Ya basta de robos y de saqueos, vamos a poner orden”, subrayó el mandatario.
“Es cosa nada más de cambiar el sistema de distribución, controlar los ductos, porque antes los tenían abiertos por completo, y se ordeñaban los ductos. Ahora se abren y se cierran de acuerdo al control para que no haya fugas, y para que no se siga manteniendo este mercado negro que daña a la nación.
“Más de 65 mil millones de pesos se robaban cada año. Por eso esta decisión de decir: no al huachicol”, manifestó López Obrador.