Con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias y fortalecer su patrimonio, el Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó por unanimidad una campaña de estímulos fiscales para la regularización de la tenencia de la tierra correspondiente al ejercicio fiscal 2026, la cual contempla bonificaciones de hasta el 100 por ciento en diversos conceptos.
Durante la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, el cuerpo edilicio avaló esta campaña que permitirá a las y los propietarios obtener títulos de propiedad o escrituras, mediante la condonación total del impuesto predial de ejercicios anteriores, así como de multas, recargos y accesorios legales.
Al destacar la importancia de esta medida, la alcaldesa subrayó el impacto social de la regularización de inmuebles.
“Como cada año, gracias al respaldo del Cabildo, en Huixquilucan impulsamos iniciativas que apoyan a la población de las tres zonas del municipio, porque es crucial contar con certeza jurídica en los bienes inmuebles, proteger el patrimonio familiar, evitar fraudes y litigios, y otorgar derechos plenos sobre la propiedad”, afirmó Romina Contreras Carrasco, al tiempo que invitó a la ciudadanía a sumarse a esta campaña.
La presidenta municipal explicó que este programa se realiza en coordinación con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), sumando esfuerzos entre el gobierno estatal y municipal para brindar tranquilidad y seguridad jurídica a las familias huixquiluquenses.
Como parte de los acuerdos aprobados, también se autorizó una bonificación del 100 por ciento en el impuesto sobre operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles, así como en multas y recargos derivados de estos trámites. A ello se suma un subsidio total en el pago de derechos por certificaciones de no afectación a bienes del dominio público municipal, certificaciones de clave y valor catastral, aportaciones de mejoras y plano manzanero.
El Gobierno de Huixquilucan reiteró que este tipo de programas representan una oportunidad para que más familias regularicen su situación patrimonial, cuenten con documentos legales que respalden la propiedad de sus inmuebles y, al mismo tiempo, protejan su economía familiar.
