El ombudsperson Jorge Olvera García reiteró su llamado a la LX legislatura mexiquense a aprobar la iniciativa de ley que se tiene en análisis.
En el marco de la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, resaltó la urgencia de legislar, ya que el Estado de México es la segunda entidad de origen de las mujeres que acuden a los servicios de interrupción legal del embarazo (ILE) en la Ciudad de México.
Y es que de las 205 mil 580 pacientes atendidas de abril de 2007 a diciembre de 2018, 53 mil 992 usuarias eran originarias del Estado de México, más de la cuarta parte.
Expuso que si bien en el Código Penal del Estado de México se establecen cuatro supuestos: resultado de una acción culposa, de una violación, peligro de muerte de la mujer o si el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas, “sigue faltando considerar la libertad de la mujer, su derecho a decidir o a elegir la maternidad o no.”
Expresó que “defendemos el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexiquenses, pero sobre todo el derecho a la vida de aquellas mujeres y niñas que acuden en la clandestinidad a interrumpir el embarazo y luego mueren”.
“Estamos a favor de una ley en la que no se criminalice a la mujer, porque la interrupción legal del embarazo vendrá a solucionar no un problema de ellas, sino de salud pública; las consecuencias de legislaciones atrasadas en este tema redundan en costos que afectan a los sistemas de salud, inciden en el incremento de la mortalidad materna y se profundiza la brecha de desigualdad”, dijo.
Recalcó que se requiere una legislación adecuada, así como servicios y políticas destinadas a una educación sexual laica, moderna, científica y sin prejuicios, donde cada sector asuma la parte que le corresponde.
Por otra parte, calificó como positiva la despenalización de la interrupción del embarazo en Oaxaca, convertida ya en la segunda entidad mexicana que aprueba el aborto dentro de las 12 semanas de gestación.
Aseguró que legalizar la interrupción del embarazo “no implicará una puerta abierta a una práctica descontrolada, sino una vía al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a elegir o no la maternidad.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta agosto de 2018, las fiscalías locales tenían abiertas 427 carpetas de investigación por el delito de aborto, lo cual habla de la persistencia de la criminalización de la mujer y “es justamente lo que ya no queremos en el Estado de México.”
Olvera refirió que en Oaxaca la Secretaría de Salud reveló que se practicaron dos mil 300 abortos clandestinos al año, pero podrían triplicarse con la llamada “cifra negra”.
