Conscientes de que la violencia económica puede pasar “desapercibida” en los hogares,
debido a que no deja un rastro tan evidente como las agresiones físicas, pero que, sin
embargo, suma cifras alarmantes entre las familias mexicanas, Aquelarre de Donceles,
conformado por las diputadas: Alejandra Méndez, Ana Francis Mor, Marce Fuente, Nancy
Núñez, Valeria Cruz, Valentina Batres y Xóchitl Bravo, presentaron ante el Congreso de la
CDMX la Iniciativa de Deudores Alimentarios.
En conferencia de prensa, Ana Francis Mor, Presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género en el Congreso de la CDMX, acompañada de las diputadas que integran Aquelarre
de Donceles, aseguró que para impulsar esta iniciativa cuentan con el apoyo de las
legisladoras de la bancada de la Alianza Juntas Hacemos Historia; y como muestra de ello,
en este encuentro con los medios estuvieron presentes las coordinadoras del PRD,
Elizabeth Mateos; de Morena, Martha Avila; y del PT, Circe Camacho. La coordinadora de
Morena, Martha Avila, indicó que esperan que en septiembre se suba el dictamen de la
Iniciativa en cuestión para seguir avanzando en este tema.
Al evento asistió también Diana Luz Vázquez, principal impulsora de la Ley Sabina, quien
agradeció la sororidad y acompañamiento de las legisladoras, de quienes dijo, “están
legislando ahora desde la perspectiva femenina, que tanta falta hace en este país, donde,
tras la pandemia, las estadísticas indican que creció el número de divorcios empeorando
la situación de muchas familias, ya que, de 10 divorcios, 7 papás no están cumpliendo con
la pensión alimenticia”.
Y es que, la falta de pago de las pensiones representa una violación a los derechos de la
niñez, y constituye también una forma de violencia contra las mujeres: La violencia
económica y el reforzamiento de las masculinidades hegemónicas. Esto se reproduce en
el ámbito familiar como una forma de control en contra de las mujeres; se muestra a
través de la agresión producida por la persona que tiene el dominio económico, la
manipulación para gestionar los gastos o incluso la decisión de privar de recursos.
El Informe de la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, señala que, en el 2021, el número de expedientes ingresados en
materia familiar, en el tema de alimentos, fue de 6,102; lo que, en comparación con los
resultados del 2020, en donde había 4,575, representó un aumento del 33%. Por ende,
este incremento obliga a revisar el marco jurídico que a la fecha existe, a efecto de mejorar
el acceso al derecho que tienen las personas acreedoras alimentarias.
La violencia económica es una manifestación de la violencia de género y una de sus
dimensiones es la falta de pago reiterada e injustificada de pensiones alimenticias
estipuladas en caso de separación o divorcio en favor de la mujer y/o de sus hij@s. Así,
este tipo de violencia tiene cifras alarmantes: 13.4 millones de mexicanas la han padecido
en algún momento de su vida, es decir, 29% del total de mujeres de 15 años o más, según
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.
En países europeos como Suecia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Noruega del este y
Finlandia, el Estado adelanta las cuotas alimentarias. En España se les retiene su salario,
las devoluciones de impuestos, hay embargo de cuentas bancarias y bienes, detracción de
prestaciones de la seguridad social y hasta prisión. Estados Unidos sanciona a los padres
con no renovar su licencia de conducir, cierre de cuentas bancarias, impedimento de
acceder a su jubilación y, en caso de reembolso de impuestos, los intercepta para cubrir
la deuda. En Latinoamérica, Uruguay, El Salvador, Colombia y Ecuador les prohíben la
salida del país.
La propuesta de las organizaciones feministas mexicanas (Ley Sabina):
La propuesta de la Iniciativa de Deudores Alimentarios puesta a consideración del
Congreso de la CDMX, por parte de las diputadas de Aquelarre de Donceles, aclara que las
pensiones comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de
enfermedad. Respecto de las personas menores de edad señala, además, los gastos para
la educación básica del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión
honestos y adecuados a su circunstancias personales; así como para garantizar su
recreación, calidad de vida y dignidad, retomando lo aplicable del Código Civil Federal.
Asimismo, en esta Iniciativa de Deudores Alimentarios se establece que no podrán ser
personas servidoras públicas, de la CDMX, quienes se encuentren en los Registros de
Deudores Alimentarios y de Agresores Sexuales a menos que se acredite estar al corriente
del pago, cancele esa deuda o se tramite el descuento correspondiente.
Por otro lado, se propone también identificar como delito el abandono de una mujer
embarazada. Hay que resaltar que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo
disminuye conforme aumenta su número de hijos: la mitad de las mujeres de 15 años y
más que tienen de uno a dos hij@s (49.6%) participa en el mercado de trabajo, mientras
que al tener de 3 a 5 hij@s el porcentaje disminuye a 41.4%, y apenas el 22.7% de quienes
tienen 6 o más hij@s, es económicamente activa. En el caso de 2.2 millones de madres
solteras ocupadas de 15 años y más, casi la mitad de ellas (44.1%) no recibe prestaciones
por su trabajo; incluso en el caso de las subordinadas, es decir, de las que trabajan para
una unidad económica en la que dependen de un patrón, el 29.8% no cuenta con
prestaciones laborales.
Esta propuesta legislativa busca también que los hombres se hagan responsables en el
ámbito del ejercicio de su sexualidad y reproducción, no solo por un aspecto ético, sino
también para que se reconozca como una cuestión de corresponsabilidad social, ya que
sus actitudes y comportamientos, especialmente en la esfera sexual, tienen con
frecuencia un impacto negativo en la salud y el bienestar general de las mujeres, al no
tomar en cuenta sus necesidades, y poniéndolas en riesgo de contraer infecciones de
transmisión sexual, y embarazos no deseados, delegando en ellas los costos físicos y
emocionales del cuidado y atención de l@s hij@s que resultan de la relación.
Por otra parte, en el texto de la Iniciativa se plantea reducir de 90 a 30 días el tiempo en
el cual la persona deudora debe cumplir su responsabilidad, al considerar que el no
cumplimiento de la entrega de los alimentos a tiempo implica que la persona menor de
edad no está recibiendo los elementos que necesita para un sano y armónico desarrollo.
Finalmente,se propone la eliminación del Artículo 291 quintus (del Código Civil capitalino)
de la parte que señala que sólo dentro del año siguiente al de la cesación del concubinato
se podrá solicitar el derecho a una pensión alimenticia, esto debido a que, si el derecho a
recibir la pensión existe, este debe ser garantizado.
