Las medidas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México que anunció la Comisión Ambiental Metropolitana (CAME), violan derechos constitucionales y pueden generar una cascada de demandas por parte de quienes se verán afectados, además de que no existe evidencia de que se traten de acciones exitosas, consideró la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México (PRD).
Los integrantes de la Directiva Estatal, Nora Arias Contreras, Brenda Paola Villena Guillén, Carlos Estrada Meraz y Daniel Pacheco Santiago, comentaron que la principal violación en que se incurre es obstruir el libre tránsito, derecho consagrado en la Constitución local y federal, por lo que no entiende el propósito del anuncio, “además no sabemos cómo pretenden evitar que los autos ingresen a la ciudad”.
En un pronunciamiento sobre el anuncio de la CAME, los perredistas consideraron que el anunció tiene fines recaudatorios para beneficiar al Gobierno de la Ciudad. Tal parece que se dieron cuenta del impacto que tendrá a la Hacienda Pública local haber quitado las foto-multas y ahora quieren recuperar recursos obligando a quienes tienen sus autos emplacados en otros estados.
De igual manera comentaron que durante el anuncio no escucharon las acciones que el Gobierno de la Ciudad hará para mejorar el transporte del gobierno, es decir no nos dijeron si habrá una renovación de los vehículos del gobierno con los que presta servicios como son los tipos vactor, maquinaria pesada, camiones de basura y autos administrativos, entre otros.
La dirigencia perredista consideró que si los vehículos con calcomanía 00 también dejarán de circular es necesario reforzar el transporte público para hacer frente a la demanda de servicio que se tendrá. Tienen seis meses para mejorar e incrementar el parque vehicular de RTP, pero sobre todo para que las líneas del Metro aumenten sus viajes y paren las aglomeraciones por las fallas en diversas líneas.
Confiaron que en los meses siguientes, se hagan los análisis jurídicos necesarios para evitar que el gobierno gaste tiempo en juicios y amparos que sin duda tienen todos los elementos para ganar dadas las inminentes violaciones a la máxima ley.
Asimismo confiaron en que las propuestas que la ciudadanía y especialistas envíen sobre el documento presentado sean consideradas y se deje de lado el interés económico.