Los partidos políticos podrán participar en la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo encargado de coordinar un mecanismo para identificar posibles factores de riesgo relacionados con la delincuencia y la corrupción entre personas que buscan competir por cargos de elección popular.
El Consejo General del INE aprobó incorporar a las representaciones partidistas y a las consejerías del Poder Legislativo a las sesiones de esta Comisión, donde tendrán derecho a voz, pero no a voto, en cumplimiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La decisión implica modificar los lineamientos de funcionamiento de la Comisión, el Reglamento de Comisiones del Instituto y otras disposiciones relacionadas con el procedimiento de verificación.
El objetivo es permitir la participación de las fuerzas políticas en los trabajos de revisión, sin otorgarles facultades para decidir sobre los resultados de las evaluaciones ni sobre los derechos de las personas aspirantes.
¿Cómo funcionará la revisión de candidaturas?
El mecanismo permitirá que los partidos políticos y las personas aspirantes a candidaturas independientes soliciten una evaluación de perfiles ante instituciones competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y asuntos financieros.
Las revisiones serán voluntarias y requerirán la autorización previa de las personas interesadas.
Las autoridades correspondientes analizarán la información disponible para determinar si existen factores que permitan establecer un riesgo razonable.
Sin embargo, el INE precisó que la valoración sobre la existencia o inexistencia de ese riesgo corresponderá exclusivamente a las instituciones competentes y no a los partidos políticos ni a la propia autoridad electoral.
El presidente de la Comisión, el consejero Arturo Chávez López, explicó que ninguna de las instituciones participantes tendrá facultades para revocar el derecho de una persona a contender por un cargo de elección popular mediante este procedimiento.
La revisión busca contribuir a que las fuerzas políticas cuenten con elementos para tomar decisiones sobre sus postulaciones, sin sustituir las atribuciones de las autoridades electorales y judiciales.
Protegerán identidad y datos de aspirantes evaluados
Uno de los aspectos centrales de las modificaciones aprobadas es la protección de la información utilizada durante el proceso.
Las personas que participen en las sesiones deberán suscribir compromisos específicos de confidencialidad para impedir la divulgación de datos personales o información que permita identificar a quienes sean sujetos de verificación.
El Instituto estableció que los listados de aspirantes y los resultados de las evaluaciones deberán mantenerse bajo reserva.
Estas medidas buscan garantizar el respeto a la presunción de inocencia y evitar que la revisión de posibles factores de riesgo se convierta en un mecanismo de señalamiento público.
La Comisión tampoco podrá utilizar los resultados para impedir directamente una candidatura.
Tribunal Electoral ordenó incluir a los partidos políticos
La modificación aprobada por el Consejo General responde a una resolución de la Sala Superior del TEPJF, emitida el 30 de septiembre de 2026.
El Tribunal revocó parcialmente el acuerdo del INE que impedía la participación de las representaciones partidistas en la Comisión y ordenó permitir su intervención con voz, pero sin voto.
También estableció que los partidos únicamente podrán conocer información operativa y estadística durante las sesiones, sin acceder a datos que identifiquen directa o indirectamente a las personas evaluadas.
La resolución mantuvo la validez de las sesiones, acuerdos y actuaciones que la Comisión había realizado antes de las modificaciones.
Durante la discusión, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que cumplir las resoluciones judiciales es compatible con la defensa de la autonomía institucional.
Partidos decidirán si mantienen candidaturas con factores de riesgo
Uno de los puntos centrales del mecanismo es que la detección de un riesgo razonable no representa automáticamente la comisión de un delito ni constituye una sentencia.
Las instituciones competentes podrán aportar información para que los partidos políticos valoren las postulaciones que pretendan realizar.
De acuerdo con la legislación electoral, la decisión de mantener o retirar una postulación corresponderá a los partidos políticos, mientras que las personas aspirantes independientes conservarán sus derechos conforme a la ley.
La Comisión funcionará como instancia de coordinación y no como autoridad encargada de realizar investigaciones penales o declarar la inelegibilidad de una persona.
Arturo Chávez López sostuvo que la eficacia del procedimiento dependerá de la disposición de las fuerzas políticas y de las personas aspirantes para someterse a las evaluaciones.
Aprueban calendario de trabajo para la revisión de candidaturas
En la misma sesión, el Consejo General aprobó el Programa Anual de Trabajo y el Calendario de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.
Estos documentos establecen las etapas del procedimiento, actividades, responsables, plazos, mecanismos de coordinación y acciones de seguimiento.
La Comisión fue instalada en septiembre de 2026 como parte de los preparativos del proceso electoral federal concurrente 2026-2027, en el que se aplicará el mecanismo de verificación preventiva.
Con estos acuerdos, el INE incorpora formalmente a los partidos políticos a las sesiones de la Comisión, pero mantiene límites sobre el acceso a información sensible y sobre las facultades de sus integrantes.
El principal alcance de la medida será ofrecer información preventiva para la selección de candidaturas, sin que las evaluaciones sustituyan las investigaciones judiciales ni permitan cancelar derechos político-electorales.