En las audiencias públicas para conocer propuestas hacia la creación del Sistema Nacional de Cuidados, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), destacó la importancia de incorporar en la Constitución el derecho a cuidar y ser cuidado como un acto solidario, pero que incluya la responsabilidad del Estado.
Consideró que “el Estado debe ofertar las ayudas necesarias para que el cuidado sea reconocido como una actividad esencial de la economía, así como el establecimiento de políticas integrales de regulación y evaluación conjunta entre los órdenes de gobierno”.
En el encuentro virtual, Aleida Alavez afirmó que este tema es fundamental para el desarrollo de un país, porque crea las condiciones del desarrollo de las nuevas generaciones y potencia otros derechos fundamentales a través del cuidado de niñas, niños y personas con alguna discapacidad o enfermedad.
Destacó que la pandemia obliga a encontrar soluciones democráticas, incentivar la participación de sectores soslayados, así como fortalecer la solidaridad y cooperación, entendiendo que la democracia va más allá de un sistema jurídico porque significa el mejoramiento constante de la vida económica, política, social y cultural.
Crear sistemas de cuidados con el apoyo del Estado
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), puntualizó que la pandemia dejó al descubierto lo que las sociedades han querido eludir: la responsabilidad del cuidado en el hogar, que no es una labor sencilla, fácil, recreativa, ni reconocida, por ello se necesita crear sistemas de cuidados con el apoyo del Estado.
Afirmó que este tipo de actividades han recaído de forma desproporcionada en las mujeres, lo que ahonda las desigualdades de género en el ámbito económico y social. En México, agregó, aproximadamente 90 millones de personas mayores de 12 años realizan trabajo doméstico y de cuidados sin recibir remuneración; del total de las horas que se dedican a los cuidados de los integrantes del hogar, 71 por ciento lo llevan a cabo ellas, lo que afecta sus oportunidades laborales.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estiman que en 2018 el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados registró un nivel equivalente a 5.5 billones de pesos, lo que representaría el 23.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), añadió.
Ante este panorama, informó que promovió una iniciativa para modificar el artículo 4º constitucional, a fin de tener un sistema nacional y reconocer que toda persona tiene derecho a cuidar y ser cuidado. El Estado promoverá la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en estas actividades, agregó.
También suscribió una iniciativa a fin de otorgar incentivos fiscales a quienes contraten a mujeres que no se han podido incorporar al mercado del trabajo por estar dedicadas a tareas de cuidados.
Garantizar el acceso a derechos universales
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), integrante de la Comisión de Igualdad de Género, subrayó que la pandemia evidenció la profunda desigualdad que viven las mujeres, toda vez que los trabajos precarios y las tareas de crianza sigue recayendo únicamente en ellas, lo cual se agrava tratándose del trabajo doméstico y de cuidados.
Relató que por la emergencia sanitaria se impulsó el Ingreso Único Vital en favor de las mujeres que se dedican a la economía informal, las trabajadoras del hogar y personas que se ocupan de los cuidados. El objetivo es establecer el Sistema Nacional de Cuidados.
Aseguró que todas las personas deben ser sujetas de cuidados, por lo que es necesario establecerlo como un derecho universal. Enfatizó que se requiere desfeminizar estas tareas y fijar la distribución equitativa de este trabajo que incide en el combate a las desigualdades.
Cuidados forman parte de un piso mínimo de la protección social
Elisa Gómez, directora de Diálogo Político en la Fundación Friedrich Ebert, señaló que algo bueno de la pandemia es que hizo visible la importancia de los cuidados. El hecho de estar confinados en el hogar “nos hace tomar conciencia de lo que implica este trabajo, el cual históricamente ha estado en manos de las mujeres de una forma desproporcionada y en condiciones bastante precarias”.
Hablar de este tipo de asistencia no sólo es referirse a la desigualdad de género al interior de los hogares, sino también las que se sufren en el mercado laboral. “Para nadie es ajeno que somos una sociedad desigual, patriarcal y clasista, y todas estas actitudes se reproducen en el ámbito de los cuidados”.
Destacó que las propuestas van en la ruta correcta al establecer los cuidados como un derecho humano, elevarlo a rango constitucional y universal, porque es la oportunidad de darle la vuelta a la política social, que históricamente se detuvo en visiones asistencialistas y clientelares.
Crear este sistema nacional exige una mirada integral hacia un nuevo paradigma de la política de bienestar y laboral. “Va más allá de un programa que pretenda focalizar o generar un grupo más de beneficiarios; este sistema permitiría superar la idea de que los cuidados sólo son responsabilidad de las mujeres en los hogares”.