El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de prohibir la subcontratación laboral y establecer reglas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas.
Con esta iniciativa, el Gobierno no acató el Convenio número 144 de la OIT que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas. Sin embargo, la Administración Federal está obligada por tratados internacionales a consultar y luego a decidir. Asimismo, según datos del Censo Económico 2019, se pone en una condición de indefensión a 4.6 millones de personas ocupadas en este país bajo esta modalidad e incluso podría afectar la competitividad del país en el marco del T-MEC.
Dicha iniciativa también tiene efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal.
El sector patronal está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal.
Asimismo, la COPARMEX está a favor de cualquier esfuerzo para acabar con estas actividades fraudulentas, pero sin perder de vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno, que se genera por medio de la Subcontratación Laboral, que cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia. Se debe regular, no prohibir.
Esta reforma es inflexible y unilateral, anticipamos el riesgo de un triple daño: un deterioro mayor de la crisis económica, un aumento de la informalidad y la inhibición a la creación de nuevos empleos. Aunado a ello, pensar en la prohibición total de la Subcontratación Laboral conocida como outsourcing será un freno adicional al crecimiento económico.
El segundo daño es que inhibirá la creación de empleo, sobre todo, en un momento muy delicado en el que nos enfrentamos a la crisis económica más severa y posiblemente de mayor duración del último siglo. Durante la jornada de Sana Distancia, 12 millones de personas salieron del mercado laboral.
Un tercer daño es que aumentará la informalidad, que es uno de los principales obstáculos para la productividad, el crecimiento y el desarrollo de México. En nuestro país, el 56% de la población ocupada tiene esa característica, por lo que endurecer los mecanismos de contratación aunado a la falta de apoyos fiscales, podría derivar en agravar la informalidad y, por ende, profundizar la precariedad laboral.