La presidenta de la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables, Alicia Mercado Moreno, insistió en que debe eliminarse el estado de interdicción en las personas con discapacidad intelectual para poder transitar hacia un modelo social de la discapacidad y contar en el Estado de México con un pleno reconocimiento al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En sesión de trabajo de Comisiones para la Atención de Grupos Vulnerables y Procuración y Administración de Justicia, a la que asistió el magistrado Raúl Romero Ortega del Poder Judicial, la proponente de dicha iniciativa, señaló que las personas servidoras públicas con las que ha conversado sobre este tema han expresado la urgencia de reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, por ello espera que los miembros de las comisiones, enriquezcan y fortalezcan la iniciativa con sus observaciones.
La diputada de Morena, reconoció el apoyo y la asesoría del magistrado Raúl Romero a esta comisión para mejorar esta reforma y reiteró que, el motivo principal por el que se busca eliminar esta figura es para que las personas con discapacidad declaradas interdictas puedan participar en la consulta que se realizará en la Legislatura los días 9, 10 y 11 de agosto, señalando que los modelos de apoyo que de alguna manera suplirán la interdicción se construirán a través de esa consulta.
Al continuar con el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se derogan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México, presentada por la diputada Alicia Mercado Moreno, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el magistrado Raúl Romero, informó que las observaciones, por parte del Poder Judicial, se derivan de un proyecto al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, previsto en el artículo 445.
Este proyecto, agregó, establece una remisión al Código Civil de cada entidad en este caso del Estado de México para regular las modalidades en que las personas puedan recibir apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y ahí establece las formas de cómo se pueden apoyar según sea la capacidad o la disminución en cada una de las personas.
Sin embargo y también por esa situación, consideramos importante con base al artículo 4.3 de la Convención para los Derechos de las personas con discapacidad realizar consulta a personas con discapacidad para establecer esas modalidades. Me explicaban lo complicado que resultaría hacer esa consulta y por parte del Poder Judicial ofreceríamos una opinión consultiva de la Sala Constitucional para efecto de la viabilidad de la reforma antes de la consulta, dijo.
Justificó, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la importancia de la consulta y dejó sobre la mesa esa posible opinión consultiva a la Sala Constitucional para que nos den la opinión al respecto.
En comisiones unidas, el diputado Gerardo Ulloa, luego de las dudas y comentarios de los legisladores, otorgó la palabra al magistrado, y dijo que le faltaría a la reforma establecer el sistema de apoyos y salvaguardias a que se refiere la SCJN, sobre todo el qué hacer en casos extremos.
El Consejero de la Judicatura, enfatizó su propuesta de llevar el tema a una opinión consultiva de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de México, respecto en particular si es necesaria o no la consulta a los grupos o personas con discapacidad respecto al decreto de reforma al Código Civil.
