CIUDAD DE MÉXICO.- En materia de cannabis, la estrategia prohibicionista es insostenible, no sólo por la violencia que ha generado, sino por los malos resultados que ha presentado en materia de salud pública, señaló el titular de la Secretaría de Salud (SSA), Jorge Alcocer Varela, ante senadoras y senadores.
Durante el segundo día de los trabajos de la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, el secretario subrayó que la prohibición no se ha traducido en la reducción del consumo de cannabis.
Denunció que se ha criminalizado inevitablemente a las y los consumidores, disminuyendo sus posibilidades de reinserción y rehabilitación. “El problema se ha convertido en una crisis de seguridad pública a nivel nacional”, sentenció.
Informó que desde el punto de vista médico, la propuesta alternativa de la SSA es no estigmatizar a las y los usuarios, enfocarse en mantener el control de estos mediante controles clínicos y suministros de dosis con prescripción, para en un segundo paso incluir tratamientos personalizados y asistencia médica.
El funcionario detalló que, de acuerdo con los datos de la ONU, el cannabis es la droga ilícita más consumida en el mundo, cerca de 200 millones de personas de 15 a 64 años consumieron esta sustancia con fines no médicos en el año 2016.
Consideró que lo más preocupante es que ha crecido el consumo en la población estudiantil, pues cerca del tres por ciento de las niñas y niños de 5° y 6° año de primaria lo han consumido por lo menos una vez en su vida, y alrededor del 10 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato han experimentado su uso.
Indicó que deben proteger a los grupos más vulnerables, como mujeres embarazadas y menores de edad, por lo que consideró pertinente incrementar la edad mínima de consumo dado que la madurez cerebral termina aproximadamente a los 23 años.
Alcocer Varela sostuvo que se requiere un modelo de regulación responsable y adecuado a la realidad mexicana. “Se necesita proteger la salud de las personas frente a un producto psicoactivo, respetando la autonomía de las personas, proveer información sobre el consumo, proteger a la población más vulnerable y establecer programas de rehabilitación y tratamiento para quien lo solicite”, apuntó.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que la despenalización quitará “la espada de Damocles” que pende sobre la cabeza de miles de campesinos, ejidatarios, comuneros o pequeños productores, la cual alienta la acción del crimen organizado para presionar, extorsionar o someter con violencia a los productores del campo.
Recordó que la iniciativa que presentó en 2018 sobre este tema tiene sentido social y busca contribuir a atender un problema que ha costado muchas vidas a la sociedad mexicana. Sin embargo, reconoció que no hay evidencia contundente sobre el impacto de la despenalización de la marihuana en los índices de violencia delictiva, pues existen datos que apuntan en un sentido positivo, pero otros que sugieren un efecto marginal.
Señaló que al proponer despenalizar la siembra y cultivo de marihuana con fines medicinales, industriales o lúdicos, así como regular la cadena completa de producción, distribución y consumo, lo hizo con el objetivo de que miles de campesinos, víctimas de la delincuencia organizada, puedan obtener permisos de siembra y tengan asegurada la venta del producto por agentes autorizados para ello.
Sánchez Cordero dejó en claro que otro de los objetivos no es necesariamente el negocio privado, ni la rentabilidad de unos cuantos o de muchos, sino la justicia social y el derecho de cada persona adulta a su autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad.
Esta sobre la mesa un anteproyecto de dictamen que pretende recuperar lo mejor de cada iniciativa presentada sobre el tema y aprovechar la experiencia internacional, a efecto de encontrar las mejores soluciones para México, expresó.
No obstante, la Secretaria de Gobernación opinó que se tiene que atender y resolver algunos dilemas, como el relativo a que si los permisos de siembra y cosecha serán solamente para campesinos o también se otorgarían a empresas mercantiles o personas físicas con actividades empresariales.
Otro de los dilemas es si el productor directo puede incorporar procesamientos o vender el producto sin procesamiento alguno o si la comercialización y venta tendrá participación privada o solamente pública.
La funcionaria federal sugirió que los permisos sean únicamente para cooperativas formadas por campesinos o para campesinos, además propuso considerar un modelo que regule las ventas de primera mano a cargo de una agencia del Estado.
En este sentido, preguntó si se requiere un ente público nuevo para esta materia o se le pueden encomendar a alguno de los organismos públicos ya existentes. También si se requiere de un nuevo ordenamiento o bastaría con reformas a la Ley General de Salud.
Olga Sánchez Cordero dijo que no hay mucho tiempo para arribar a las mejores soluciones que otorguen certeza jurídica y reciban, además, el visto bueno de los organismos internacionales que tienen injerencia en esta materia. Debemos respetar los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, subrayó.